La reciente apertura del gobierno mexicano hacia la fracturación hidráulica, o fracking, para la extracción de gas natural es un giro significativo en comparación con las estrategias del mandato anterior. Sin embargo, la otra medida que está implementando el Executivo para abordar el aumento de los precios energéticos, sujeta a cargas fiscales, requiere una evaluación más cautelosa.
En marzo, el precio del petróleo Brent alcanzó los 119 dólares, impulsado por el cierre del estrecho de Ormuz debido a tensiones con Irán, lo que resultó en un gran impacto en la oferta petrolera global. Actualmente, este índice se sitúa alrededor de 95 dólares, lo que representa un 55% de incremento en relación al inicio del año. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) activó nuevamente el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) desde la semana del 21 de marzo, generando un costo de aproximadamente 5,000 millones de pesos semanales. Para el año 2026, se ha autorizado un presupuesto de 473,000 millones de pesos para subsidios relacionados con este impuesto, lo cual es ilustrativo: en 2022, durante el aumento de precios asociado a la guerra en Ucrania, el subsidio ascendió a 397,000 millones, superando el presupuesto total de la Secretaría de Salud.
El mecanismo de subsidio es menos visible de lo que aparenta. Cada viernes, la SHCP publica el estímulo correspondiente para la semana siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este estímulo se basa en la diferencia entre el precio de referencia internacional de la gasolina sin plomo en Houston y el precio objetivo doméstico. A medida que el crudo aumenta, también lo hace el estímulo, el cual no es evidente para el consumidor, sino que se asume en silencio por el erario. En junio de 2022, el subsidio alcanzó 11.30 pesos por litro, superando la cuota base del propio IEPS. Recientemente, durante la semana del 4 al 10 de abril, el gobierno cubría 2.09 pesos por litro de gasolina Magna, cifra que se redujo a 1.80 pesos en la semana del 13 al 17 de abril.
Las implicaciones fiscales son considerables. El IEPS a gasolina y diésel recaudó 432,500 millones de pesos en 2025, representando el 7.4% de los ingresos tributarios totales de ese año. Se trata de la segunda fuente más importante de recaudación federal, después del Impuesto sobre la Renta (ISR), y supera lo que el gobierno destina anualmente a infraestructura vial, agua potable y vivienda en conjunto. Con los estímulos en efecto, la SHCP anticipa una caída en ingresos tributarios de aproximadamente 15,800 millones para el primer trimestre de 2026, y BBVA México proyecta una pérdida de hasta 38,000 millones de pesos para el año completo.
El contexto fiscal resulta crítico. A pesar de que la consolidación fiscal de 2025 fue insuficiente y el déficit se mantiene elevado, la necesidad de recortes en 2026 es tangible. BBVA evalúa que el margen fiscal del gobierno fue solo del 32% de los ingresos presupuestarios en 2025, una vez excluidos gastos como las pensiones y las cuotas de ley. Si se añaden los programas sociales, que representan el 10% del gasto, queda prácticamente nulo el espacio para ajustes que no afecten la inversión pública, ya en niveles mínimos históricos.
Desde el punto de vista político, la situación también es delicada. La gestión anterior enfrentó una notable caída en popularidad no por problemas de corrupción, sino por el denominado “gasolinazo”. Este gobierno no puede permitirse un desgaste político similar, dado el actual estado de las encuestas y el limitado margen fiscal que enfrenta. Sin embargo, mantener subsidios a la gasolina en un marco de consolidación fiscal incompleta, con un espacio fiscal mínimo y una deuda en aumento, podría ser más costoso a largo plazo que el golpe político que se busca evitar.
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