La reciente renuncia de Julio Antonio Berdegué Sacristán a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ha desencadenado una serie de malentendidos y especulaciones. Este experto en ciencias agrícolas, conocido por su expertise internacional, no pretende retirarse ni regresar a la consultoría. En cambio, ha decidido no asumir de manera interina la dirección en Sinaloa, un estado donde las dinámicas políticas son complejas.
Internamente, los llamados “rochistas”, representación de una facción del movimiento morenista, han mostrado resistencia ante la idea de que el gobernador y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, dejen sus cargos. El senador Enrique Inzunza, junto con el edil, podrían ser excluidos de la próxima encuesta que definirá al coordinador de la defensa de la transformación en Sinaloa. Los rochistas insisten en que uno de los suyos debería asumir el interinato y, de aquí a dos meses, reafirmarán su demanda de que Berdegué Sacristán sea la figura que represente sus intereses para la candidatura de 2027.
Berdegué, aunque alejado del espectáculo político, tiene cercanía con Palacio Nacional gracias a su origen mazatleco y al prestigio adquirido como consultor. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por la crisis del gusano barrenador y fracasos rotundos en las negociaciones con los productores del campo, quienes exigían asistencia gubernamental ante presiones del crimen organizado y costos elevados en combustible. Estas circunstancias precipitaron su salida del gabinete.
De manera notoria, la presidenta no eligió al exgobernador sudcaliforniano, Leonel Cota Montaño, para encabezar SADER. Su rebeldía en relación a decisiones políticas en su estado ha generado tensiones que lo han alejado de la cercanía presidencial.
La intervención de la gestión actual en los temas agrarios es una de las características distintivas de este gobierno. La estrategia de “Alimentación del Bienestar” ha reemplazado a una gestión anterior que se catalogó como fraudulenta. Esta nueva dirección ha incorporado programas asistenciales que incluyen la distribución de leche y artículos esenciales, además de la entrega de semillas para productores agrícolas. Sin embargo, los pequeños productores ahora se perciben más como derechohabientes.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha fijado meteóricas expectativas, prometiendo el regreso de la vocación lechera y arrocera del estado, a pesar de la falta de maquinaria y fertilizantes. Producir 100,000 toneladas de arroz y 55 millones de litros de leche en un año es un objetivo que parece estar muy por encima de la realidad.
Además, la extensión del cultivo de axiote en la península de Yucatán ha impactado negativamente los programas de conservación ecológica, mientras que la recuperación de suelos y recursos hídricos por parte de SADER no ha mostrado resultados significativos. El acceso al crédito ahora queda en manos de la Financiera para el Bienestar.
La necesidad de garantizar la soberanía alimentaria en México es apremiante, y para ello no solo es necesario potenciar talentos y recursos, sino también corregir las desviaciones ante los desafíos globales. La estrategia actual, con un enfoque centralizado en la cúpula del poder, ha mostrado debilidades significativas.
Por otra parte, el equipo claudista, que ya se erige como mayoría en el “gabinete de transición”, se ha caracterizado por una gestión activa y sin filtros. Columba López, conocida por cumplir meticulosamente con las instrucciones de la presidenta Sheinbaum, imprime un sello distintivo a su gestión.
A medida que se avanza, el camino de SADER y de la agricultura en México se entrelazan en un contexto de incertidumbre y desafíos que requieren atención inmediata. Los tiempos son críticos y el futuro del sector agrícola dependerá de decisiones acertadas y efectivas que vayan más allá de las estrategias actuales.
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