El equipo de colaboradores del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reconocido que entre 2017 y 2020 se reunió con personas próximas a las autoridades rusas para promocionar la causa independentista catalana. Así lo ha confirmado este viernes en un artículo de The New York Times el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. La mano derecha de Puigdemont también ha admitido que se encontró en octubre de 2019 con dos personas de los círculos del poder oficial ruso, durante las semanas de disturbios callejeros en Cataluña como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio por la independencia unilateral y el referéndum ilegal de 2017.
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The New York Times describe los esfuerzos realizados por Alay y por el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye para tejer alianzas en Rusia. Este diario basa su información en “un informe de inteligencia europeo”, sin especificar de qué país son los servicios secretos que lo han elaborado, y en dos agentes españoles. Parte del contenido del artículo también procede del sumario de la llamada Operación Voloh, al que ha tenido acceso en el paìs . El secreto de sumario se ha levantado esta semana. La Operación Voloh, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, investiga varias líneas: posible financiación irregular, un posible tráfico de influencias de políticos y empresarios del nacionalismo catalán, y la organización de las manifestaciones violentas y sabotajes de 2019. Alay fue uno de los detenidos en 2020 por orden del juez Joaquín Aguirre en el marco de esta causa.
Alay confirma que en octubre de 2019 se reunió son Sergei Sumim y Artyom Lukoyanov. El informe citado por The New York Times identifica a Sumim como coronel del servicio de seguridad del personal del Kremlin, y a Lukoyanov como hijo de un asesor del presidente ruso, Vladímir Putin. Alay explica que fue una cita de cortesía y que se lo pidió Alexander Dmitrenko. El Ministerio de Justicia denegó en 2020 la nacionalidad española a este empresario ruso por sus posibles vínculos con los servicios secretos rusos, como recuerda otra información aparecida este viernes sobre los contactos rusos del entorno del expresidente de la Generalitat, desarrollada por el equipo de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCR) y El Periódico. Dmitrenko, que no ha respondido a la solicitud de información del paìs, ha rechazado a través de su cuenta de Twitter participar en cualquier actividad ilegal.
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Otra reunión confirmada por Alay es la que mantuvo en 2019 con Yevgueni Primakov, un alto cargo de relaciones culturales del Gobierno ruso. En esta cita también se encontraba Dmitrenko, a quien Alay considera un miembro del grupo de Puigdemont, según las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil. El secretario de Puigdemont asegura que se encontró con Primakov para conseguir una entrevista del expresidente de la Generalitat con un medio estatal ruso.
En las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, Alay explica a Boye que Primakov le ha felicitado por ayudarle a difundir en Cataluña un artículo en el que se denuncia “cómo el establishment europeo ignora la opresión que padecen los rusos en Ucrania”, según las palabras que le transmite el propio Primakov. “Eugeni Primakov es la mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales”, alardea Alay ante Boye, “algunos dicen que tiene más poder que el ministro de Asuntos Exteriores”. Ambos también comentan en otras charlas cómo deben convencer a Puigdemont para que no critique públicamente a las autoridades rusas.
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Alay niega el contenido del informe de inteligencia que asegura que en Moscú se reunió con miembros de los servicios secretos rusos, entre ellos Oleg V. Syromolotov. Boye admite a The New York Times que se encontró en febrero de 2020 en la capital rusa con Vasily Khristoforov, acusado de ser un destacado miembro del crimen organizado. Boye asegura que se citó con Khristoforov para tratar sus causas judiciales y no para recabar fondos económicos para la causa independentista.
En el sumario de la causa Voloh aparecen conversaciones intervenidas por la Guardia Civil entre Alay y Dmitrenko y en la que comentan una operación de venta de petróleo por 295.000 euros a una compañía china a través de un conocido intermediario catalán en Hong Kong. El Periódico también avanzó que la Fiscalía ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona para que se archive la investigación de esta transacción de petróleo. El juez valora que puede tratarse de “una operación irregular” o “la financiación ilegal de un partido político”. El fiscal Fernando Maldonado considera que este planteamiento tiene un “carácter prospectivo” y vulnera “los más elementales derechos y libertades en una sociedad democrática basada en la supremacía de la ley”.
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Maldonado también criticó, por poco fundamentada, la investigación del juez sobre los posibles vínculos de los investigados con Tsunami Democràtic, un grupo anónimo que en 2019 organizó las principales manifestaciones y actuaciones de boicoteo de infraestructuras tras la sentencia del Supremo en el juicio del procés. El fiscal Maldonado escribió que el juez elevó esta parte de la investigación a la Audiencia Nacional sin la “más mínima motivación fáctica y jurídica”.
El equipo de Puigdemont, residente en Bélgica para evitar ser juzgado en España por el juicio del procés, emitió un comunicado en el que se desmarca de cualquier irregularidad, aunque también admite implícitamente que mantienen contactos con representantes rusos. “Las filtraciones aparecidas se descontextualizan de la realidad”, dice la nota, “todas las actividades internacionales de la Oficina del presidente Puigdemont, así como la de su jefe de Oficina [Alay] y de su equipo jurídico, con Gonzalo Boye al frente, son perfectamente legales y tienen como objetivo contribuir a la resolución democrática del conflicto político entre Cataluña y España”. Puigdemont y sus colaboradores denuncian ser víctimas de una guerra sucia del Estado para criminalizar al independentismo.
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La posible influencia rusa ha planeado durante años en el conflicto vinculado a la carrera por la independencia en Cataluña. Desveló en 2019 que por lo menos tres miembros de los servicios secretos rusos visitaron Barcelona en varias ocasiones entre 2016 y 2017. La Audiencia Nacional archivó el pasado mayo una investigación sobre estos agentes rusos por no poderse demostrar que su presencia estaba vinculada a la estrategia del nacionalismo catalán para separarse de España. A finales de 2020 se hicieron públicas conversaciones incluidas en la investigación de la Operación Voloh en las que el dirigente independentista Víctor Tarradellas alardeaba de contactos en el Kremlin para sufragar la deuda de Cataluña y para recibir apoyo militar si una Generalitat independiente reconocía la anexión de Crimea a Rusia.
