La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado este lunes al Estado colombiano por su “plan de exterminio” del partido izquierdista Unión Patriótica. La Corte IDH ha declarado que el Estado colombiano no cumplió con sus obligaciones de proteger la vida y la seguridad de los miembros de la Unión Patriótica, a través de diversas violaciones a los derechos humanos de unos seis mil integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta. Siendo así ha ordenado al gobierno colombiano a que tome medidas para reparar el daño causado.
La Unión Patriótica fue fundada en 1985 como un partido político de izquierda en Colombia, pero en los años siguientes, muchos de sus miembros fueron asesinados o desaparecidos en circunstancias que apuntan a un plan de exterminio. La Corte IDH ha reconocido estos hechos y ha condenado al Estado colombiano por su negligencia y por no haber tomado medidas para proteger a los miembros de la Unión Patriótica.
“La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros”, indicó el Tribunal.
El tribunal interamericano estableció que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y residencia, a los derechos del niño y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamiento.
También fue vulnerada la libertad de expresión, la libertad de asociación y derechos políticos de las víctimas, ya que su actividad política fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra del partido que era calificado como un “enemigo interno”, detalló la CorteIDH.
El Estado colombiano también deberá efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
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