El debate sobre la participación del gobierno en el mercado de telecomunicaciones ha cobrado gran relevancia en México, especialmente con la próxima discusión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) ha manifestado su firme oposición a la idea de que el Estado adquiera concesiones comerciales que le permitan competir directamente en el mercado minorista.
Según Canieti, la intervención del gobierno en este ámbito debe limitarse a esquemas sin fines de lucro, asegurando el acceso a servicios de telecomunicaciones en áreas desatendidas donde las inversiones privadas no han sido suficientes. Esta postura se basa en principios constitucionales que promueven la neutralidad competitiva y un rechazo a las distorsiones del mercado que podrían surgir si recursos públicos se emplean para fines comerciales.
En esta línea, se destaca que, con el marco legal vigente, el gobierno solo puede operar como proveedor en términos mayoristas, ofreciendo conectividad a otros operadores en condiciones no discriminatorias. El riesgo de que el gobierno intervenga como competidor en el mercado minorista encierra múltiples problemas, entre los que se encuentran:
Trastorno del Régimen de Competencia: La participación gubernamental podría introducir desigualdades, otorgándole ventajas injustas frente al sector privado.
Diferencias Económicas: Las tarifas que el gobierno podría pagar por el uso del espectro radioeléctrico serían notablemente inferiores a las que enfrentan las empresas privadas, lo que generaría un campo de juego desigual.
Alteración de la Red Compartida: Esto podría modificar la naturaleza y el propósito de la infraestructura compartida prevista por la ley actual.
Violación de Tratados Internacionales: Permitir la competencia del gobierno podría contradecir los compromisos adquiridos en acuerdos como el T-MEC y el TPP.
- Desviación del Rol del Estado: El gobierno debería centrarse en asegurar la conectividad en regiones subatendidas en lugar de convertirse en competidor directo del sector privado.
La Canieti también subraya que la alta penetración de servicios de telecomunicaciones en zonas urbanas ha sido el resultado de la competencia en el mercado, lo que ha llevado a tarifas más accesibles en comparación con otros países. Introducir la competencia pública podría obligar a la industria privada a realizar inversiones mayores, generando incertidumbre y potenciando distorsiones en el mercado.
Durante este debate, el gobierno ha mutado de un modelo de mercado competitivo hacia uno donde podría asumir múltiples roles: operador, regulador y autoridad. Este cambio de enfoque fue subrayado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado su intención de ofrecer servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.
La discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones presentará decisiones cruciales que influirán en el futuro de la industria y el desarrollo económico del país. La forma en que se maneje esta situación impactará directamente en las inversiones, la cobertura y la evolución del sector telecomunicaciones en México. La expectativa ahora recae sobre el Senado, que tiene la tarea de considerar las distintas perspectivas y sugerencias del sector privado antes de avanzar con la legislación.
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