Hugo Schultz, político del PAN en Chihuahua y exalcalde del municipio serrano de Chínipas. Ha sido condenado a ocho años de prisión por auxiliar a los autores materiales e intelectuales del homicidio de la periodista Miroslava Breach en 2017. La sentencia incluye la obligación de reparar el daño, un acto de reconocimiento y disculpa pública por su participación en los hechos y la suspendió sus derechos políticos. Según ha informado la ONG Propuesta Cívica que ha acompañado a la familia de la víctima durante el proceso judicial. Hace cuatro años, la corresponsal mexicana de investigación para La Jornada había denunciado a los narcopolíticos que operaban en el municipio, miembros de grupos del narcotráfico que se infiltran en el ámbito político para consolidar su control dentro de la presidencia municipal. El otro autor material del crimen, Jaciel Vega, todavía continúa prófugo.
Schultz llevaba detenido por su implicación en el asesinato de Breach desde el pasado diciembre. Víctor Martínez, parte del equipo de representantes legales de la familia, insistía en que el político del PAN había investigado las fuentes de Miroslava en un reportaje sobre las candidaturas municipales de 2016. El exalcalde lo hizo por “presión” del grupo criminal de Los Salazares, ligado al cartel de Sinaloa y muy activo en la sierra de Chihuahua. Gracias a esa nota periodística, “cambiaron candidatos a presidente municipal en Chínipas. Ella había denunciado que había gente del narco dentro de la competencia por la presidencia municipal”, explicó entonces el abogado.
INFORMACIÓN
Gracias a la investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), parte de la Fiscalía federal. Se detuvo a Schultz por ayudar a los asesinos de la periodista.
La ONG ha explicado en un comunicado que el caso de Schultz es un procedimiento abreviado. Ya que existe el beneficio de reducción de los años de prisión porque su grado de participación fue como “auxiliador”. Además, el político accedió a aceptar su responsabilidad y participación en los hechos, renunció a su derecho a un juicio oral y garantizó la reparación integral a las víctimas en una disculpa pública.
“Lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio. Quiero transmitir este mensaje a la familia de Miroslava en el que reconozco que mi aportación afectó los derechos de Miroslava y lamento las consecuencias que generaron”, ha expresado Schultz. “La ausencia de Miroslava Breach como voz crítica del periodismo sin duda alguna afectó el derecho de la sociedad a la información pública”, ha añadido.
INFORMACIÓN
México es más letal para ejercer el periodismo, según los informes de Reporteros sin Fronteras. El 23 de marzo 2017 a las siete de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista mexicana Breach se convirtió en una víctima más de esta espiral de la violencia. Subió a su camioneta para llevar a su hijo de 14 años al colegio.
De pronto apareció un hombre desconocido, con la cara escondida bajo una gorra y abrió fuego. Las teorías policiales apuntan a que José Crispín Salazar —uno de los jefes del clan de Los Salazares, ligado al cartel de Sinaloa y muy activo en la sierra de Chihuahua— habría ordenado el asesinato a El Larry, que a su vez delegó el encargo a dos sicarios, Ramón Zavala, el pistolero, y Jaciel Vega, el conductor del vehículo desde el que se efectuaron los disparos. Zavala apareció muerto en Sonora en diciembre de 2017, apenas unos días antes de la detención de El Larry mientras que Vega sigue prófugo.
En un país donde reina la impunidad contra los delitos independientemente de su gravedad. El caso Breach unió al gremio periodístico para ejercer presión sobre la investigación y la detención de sospechosos. Dos meses después del atentado contra Breach, dos pistoleros ampliaron la lista de profesionales víctimas de la ley del plomo para silencial a la prensa con el asesinato del reportero Javier Valdez en Sinaloa.
