La polémica se repite cada año en las oposiciones para acceder a la Policía Nacional. Y este 2022 no iba a ser menos. Varios aspirantes al Cuerpo han presentado ya recurso contra la prueba de ortografía incluida en el proceso, que se celebró el pasado 5 de febrero y que el Ministerio del Interior ha decidido finalmente eliminar de futuras convocatorias tras las críticas de los sindicatos y del Defensor del Pueblo. Este examen, que llegó a anularse en 2017, deja un tiempo de ocho minutos a los candidatos para señalar si 100 palabras incluidas en un listado figuran en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE.
El diccionario recoge estos tres extranjerismos, pero recomienda escribirlos en cursiva. Una consideración a la que se aferran los recurrentes. “En la hoja de examen, estas palabras aparecían en letra redonda, no en letra cursiva”, alegan los aspirantes tras haber respondido que dichos términos no se encontraban incluidos en la obra de la RAE. “La Real Academia Española considera incorrectas las tres palabras escritas en redonda, que es como aparecen en el examen, ya que literalmente dice que deben escribirse en cursiva”, insiste el abogado de varios candidatos, Ángel Galindo, que hizo a la RAE una consulta específica sobre este tema y que ha aportado al procedimiento.
Más allá de este caso concreto, los sindicatos se han mostrado muy críticos con este modelo de prueba. El SUP (Sindicato Unificado de Policía) ha apuntado que este examen “no sirve para determinar los conocimientos de ortografía de los aspirantes porque, lejos de ser una prueba objetiva de conocimientos, parece responder a un elemento de fácil cribado y selección”. La CEP (Confederación Española de Policía) ahonda en la misma línea: “Se limita a fomentar la habilidad memorística, desnaturalizando el fin de este examen […] Puede darse la circunstancia de que un opositor sepa si una palabra consta o no en el diccionario de la RAE, pero que no sepa cómo se escribe”.
El propio Defensor del Pueblo cuestionó la “fiabilidad” del test tras recibir varias quejas: “No alcanza a medir el conocimiento de la lengua a través de sus reglas ortográficas y gramaticales”, dijo la institución en 2021, cuando recalcó que este modelo “podría alterar la finalidad de la misma (prueba) y generar inseguridad y poca fiabilidad en los participantes en el proceso selectivo”.
La polémica con este tipo de prueba viene de lejos. En 2015, se invalidaron 12 preguntas del test por “errores e incorrecciones ortográficas”. En 2017, el Ministerio del Interior se vio obligado a anular el examen tras comprobar que muy pocos candidatos lo podían superar al estar repleta de cultismos, términos arcaicos y americanismos. En 2019 también se presentaron recursos después de que se decidiera elevar a 6,2 la puntuación que había que conseguir para obtener la calificación de “apto”, en lugar de fijar la nota de corte en un 5 como en convocatorias anteriores.
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