El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha citado a declarar este lunes como imputado para el 21 de diciembre al histórico dirigente de ETA Mikel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza, por su presunta participación en la decisión de asesinar, el 23 de enero de 1995, al teniente de alcalde de San Sebastián, el dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez. El magistrado autoriza a Antza a comparecer por videoconferencia desde los juzgados de la capital donostiarra, donde el exdirigente etarra reside desde que fue expulsado por Francia en 2019. Desde ese año, el exjefe etarra está en libertad al no constar ninguna causa judicial en España contra él.
No es la primera vez desde entonces que la justicia española intenta interrogar a Antza por este asesinato. En junio de 2020, el magistrado Santiago Pedraz, entonces al frente del juzgado en el que se instruye el sumario por la muerte del político del PP, ya lo citó a declarar, pero entonces no pudo hacerse efectiva la misma.
La imputación de Antza arranca en noviembre de 2015, cuando el juez Pedraz admitió a trámite la denuncia de Consuelo Ordóñez, hermana del político del PP, contra él y otros cuatro etarras que, cuando se cometió el atentado, formaban parte del llamado comité ejecutivo de la banda. El principal argumento era un informe de la Guardia Civil que, según el magistrado, aportaba “fiables y verosímiles indicios de la participación de los imputados en la decisión de matar a Gregorio Ordóñez”.
En aquel auto, el juez destacaba que ETA actuaba con “una jerarquía basada en una rígida disciplina” en la que su comité ejecutivo “asume todas las funciones directivas de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija”. En este sentido, el magistrado señalaba que los terroristas que asumieron la dirección de la banda tras la caída en 1992 de la anterior cúpula de ETA en Bidart (Francia) pusieron en marcha una estrategia que incluía atentar contra políticos del PP y del PSOE para “desestabilizar al Estado”.
Por todo ello, el magistrado aceptó la denuncia y consideró investigados a los cinco dirigentes de ETA. Sobre Antza, que entonces cumplía condena en Francia, el auto señalaba que formó parte de la cúpula etarra “entre mediados de 1994, cuando se responsabiliza del aparato político, y el 3 de octubre de 2004, fecha de su detención” y, por tanto, cuando se decidió “actuar contra Ordóñez”.
Mikel Antza había huido a Francia en julio de 1985 tras participar en la fuga de la prisión donostiarra de Martutene de los miembros de ETA Joseba Sarrionaindia e Ignacio Pikabea, durante la celebración de un concierto del cantante Imanol. Desde entonces, los expertos de la lucha antiterrorista lo situaron cerca de la dirección de la organización terrorista, cada vez con mayor poder de decisión. De hecho, estuvo presente en la reunión que la banda armada mantuvo, en 1999, con enviados del Gobierno de José María Aznar en Zúrich (Suiza) durante una de las treguas de la organización.
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Antza mantuvo este papel destacado hasta que fue arrestado, el 3 de octubre de 2004, en la localidad de Salies de Bearn, al sur de Francia, en una macrorredada que se saldó con la detención de 28 personas a un lado y otro de la frontera y el desmantelamiento de cinco depósitos de armas con más de 1.100 kilos de explosivo y dos misiles tierra-aire, además de subfusiles, pistolas, revólveres, munición y detonadores. Su pareja, Soledad Iparragirre, Anboto, también fue arrestada en aquella operación. Ella fue extraditada a España tras cumplir condena a Francia y ya ha sido condenado por la Audiencia Nacional por su implicación en varios atentados y permanece en prisión.
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