El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo ha decidido abstenerse de participar en la deliberación y resolución de dos asuntos en los que puede tener interés personal o en los que intervino como ministro de Justicia —cargo que ocupó entre enero de 2020 y julio de 2021— y que ahora están pendientes de decisión en el tribunal de garantías. Se trata de los recursos presentados por el PP contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de no permitir, en febrero de 2022, que el diputado popular Alberto Casero corrigiera su voto favorable a la reforma laboral, y de la impugnación de Vox sobre la “ley del sólo sí es sí”.
Campo es uno de los cuatro nuevos magistrados del Constitucional, todos del sector progresista, que están estudiando en qué asuntos podrían ser razonablemente recusados por las partes para adelantarse a esta situación. La abstención del extitular de Justicia es la segunda que se produce desde la renovación del tribunal. Antes tomó la misma decisión la magistrada Laura Díez, exasesora de La Moncloa, que no participará en las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la ley y el decreto-ley de la Generalitat que han paralizado la introducción de un 25% de castellano en las clases de las escuelas catalanas. Tampoco intervendrá en los recursos del PP contra dichas normas.
Tanto Campo como Díez habían sido ya objeto de recusación. El primero, por parte de Vox, en paralelo al recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y modificar, rebajando las penas, el de malversación. La segunda, a instancias de la Asamblea por la Educación Bilingüe (AEB) y también por Vox, siempre en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenó el empleo del castellano en dicho porcentaje en el sistema educativo catalán. Díez fue vicepresidenta del Consell de Garantíes Estatutàries de la Generalitat e intervino en los informes en los que este órgano consultivo consideraba que la normativa lingüística aplicada a las escuelas catalanas era plenamente constitucional, en la medida en que el texto de la Constitución no establece porcentajes para el uso de las lenguas oficial y cooficial en la actividad docente.
Las alegaciones de esta formación política contra el exministro de Justicia Juan Carlos Campo argumentan que se reincorporó a la Audiencia Nacional tras su salida del Gobierno, y que en su actuación como magistrado de dicho órgano judicial siempre se abstuvo de intervenir en los procedimientos en que figurase Vox como parte. Por tanto, el escrito expone que “los mismos motivos para la abstención realizada en sede jurisdiccional debería realizar ante este Tribunal, en los recursos planteados por los 52 Diputados integrantes del Grupo parlamentario Vox”. Este planteamiento permite pensar que dicho partido reiterará sus iniciativas de recusación en diversos procesos. Otra alegación de Vox es que Campo “no puede ser considerado imparcial (…) por su relación personal como pareja con la Presidente del Congreso de los Diputados”, Meritxell Batet.
La tramitación de las recusaciones de Vox ha correspondido al magistrado del sector conservador Ricardo Enríquez. Su labor consistirá en estudiar la fundamentación de cada demanda de retirada del magistrado recusado, y luego efectuar una propuesta al pleno. De momento, la próxima sesión plenaria se va a limitar a decidir si las abstenciones de Díez y Campo se aceptan o no. También ha sido recusada la magistrada progresista María Luisa Segoviano por haber manifestado en unas declaraciones que “lo de la autodeterminación habrá que verlo”. Fuentes del Tribunal afirman que buena parte de las alegaciones de Vox tienen escasas posibilidades de prosperar. Otra cosa es que haya magistrados que hayan decidido o decidan en el futuro abstenerse por su propia voluntad. Hay precedentes en el tribunal de recusaciones que inicialmente se rechazaron y luego desembocaron en la abstención, en aras de asegurar la mayor apariencia de imparcialidad.
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Las mismas fuentes subrayan que las abstenciones de los nuevos magistrados al empezar su función son normales. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido –también recusado por Vox por haber sido calificado en diversos medios de comunicación como “el candidato de Moncloa”- ha venido absteniéndose de asuntos que procedían de la Sala Penal del Supremo, de la que formó parte antes de su acceso al órgano de garantías. Y la magistrada Concepción Espejel aplicó el mismo criterio con los procedentes de la Audiencia Nacional, su anterior destino, donde fue presidenta de la Sala Penal.
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