La Corte Constitucional de Colombia ha vivido días de tensión. Después de su histórico fallo sobre el aborto, que lo despenalizó hasta la 24ª semana, al tribunal llegó la semana pasada una carta que amenazaba a los magistrados que tomaron la decisión. Estaba firmada por las Águilas Negras, una denominación que suelen usar grupos armados herederos de los paramilitares sin una estructura concreta. Mientras la seriedad de la amenaza era estudiada por las autoridades, el episodio también provocó una oleada de respaldo y agradecimiento a la preciada Corte, y al papel crucial que ha jugado en la democracia colombiana durante los últimos 30 años.
“Deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces solo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”, había advertido días antes la Corte en una dura respuesta a las críticas, encabezadas por el presidente Iván Duque, a su decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El mandatario, en un marcado contraste con los colectivos feministas y los defensores de derechos humanos, rechazó la despenalización del aborto y la equiparó con “una práctica anticonceptiva”.
No es la primera ocasión en que el Constitucional está en el ojo del huracán. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo es ilustrativo de un largo camino. En Colombia, un estado laico, pero con una marcada tradición católica, muchas libertades individuales han avanzado a golpe de sentencias de la Corte, nacida de la Constitución Política de 1991. Más de un observador ha considerado que el tribunal, a la vanguardia de América Latina, ha sido más de avanzada que la propia sociedad. Algunas de sus decisiones se han topado con el rechazo de los sectores más religiosos y conservadores.
Con el aborto, al igual que con otras discusiones que provocan choques de valores como la eutanasia o los derechos de parejas del mismo sexo para casarse o adoptar, el alto tribunal le ha pedido en innumerables ocasiones al Congreso que legisle al respecto. Pero ha terminado por volver a pronunciarse ante la inacción de los congresistas, que suelen esquivar esos temas. Sus decisiones impactan profundamente la vida de los colombianos. Algunas de esas viejas discusiones incluso se han reactivado en plena campaña política.
En el comienzo de un intenso año electoral, el Constitucional está una vez más en todas las conversaciones. Sus decisiones suelen agitar el debate público. No solo la del aborto, también los recientes fallos que han tenido que ver con otros temas que despiertan acalorados debates como la eutanasia para pacientes no terminales, la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato –un herbicida potencialmente cancerígeno– o la que ordena al Gobierno Duque garantizar la seguridad y la vida a los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. En medio del ambiente de campaña, varios de sus pronunciamientos han llevado a que los aspirantes presidenciales –y también algunos candidatos al Congreso– se posicionen en todas esas discusiones.
Las inminentes elecciones legislativas de este domingo han estado eclipsadas al coincidir con las consultas en las que las tres grandes coaliciones van a elegir a sus candidatos presidenciales –que disputarán en mayo la primera vuelta–. Pero la escogencia de los futuros congresistas es muy importante, no solo por sus labores legislativas, o por la posición de las distintas bancadas con respecto al próximo Gobierno. El Senado de la República también tendrá la última palabra para escoger el reemplazo de seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Para el 2026, el alto tribunal tendrá un rostro muy distinto al actual.
“El próximo presidente –y las encuestas sugieren que puede resultar elegido un populista– va a tener un contrapeso muy importante en las cortes y en el Congreso. Y es precisamente porque ese Congreso también va a elegir a seis de nueve magistrados de la Corte Constitucional”, apunta Sergio Guzmán, analista político y director de la consultora Colombia Risk Analysis. La Corte, entre otras labores, puede bloquear decretos del Ejecutivo por vicios de fondo o de forma que tengan que ver con su constitucionalidad. Esa facultad “puede ser en últimas una salvaguarda muy importante para nuestra democracia”, advierte Guzmán.
De acuerdo con la carta política, que busca un tribunal plural y diverso, el Senado escoge a cada nuevo magistrado a partir de ternas que tienen distintos orígenes. Tres de esas ternas corresponden al presidente –el próximo mandatario podrá presentar solo dos–, tres a la Corte Suprema de Justicia y las tres restantes al Consejo de Estado. “Habrá entonces magistrados de la Corte Constitucional más cercanos a las visiones políticas y jurídicas de los presidentes, pues son ternados por ellos, y otros más cercanos a las visiones de las cortes pues son ternados por ellas”, señala el constitucionalista Rodrigo Uprimny en una columna que explica y desmenuza el diseño institucional que adoptó Colombia. Los periodos de ocho años, en cualquier caso, han ido moviéndose con las renuncias de algunos magistrados.
“La Corte colombiana se ha ganado un lugar relevante en la discusión global y comparada del derecho constitucional como una corte que ha hecho muy bien su trabajo, y que sobre todo ha sido leal y ha protegido y defendido el texto constitucional”, explica Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, en Medellín. “Para la opinión pública muchas veces pasan desapercibidos estos procesos de selección de los magistrados de la Corte Constitucional, y esa designación es muy importante. Sobre todo, que lleguen a la Corte los mejores juristas”, valora al abogar por una mayor transparencia, difusión y veeduría de los procesos de escogencia.
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