El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a sobrellevar a cabo una ambiciosa reforma fiscal en esta legislatura. Pero insiste en que esta se aplazará si la recuperación económica se retrasa. “Si la recuperación se viera frenada hablaríamos con Bruselas para revisar el cronograma”, ha dicho este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la que ha presentado la hoja de ruta en materia fiscal incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a las autoridades comunitarias. El Ejecutivo prevé que el grueso de las modificaciones tributarias que planea se pongan en marcha a partir de 2023, cuando ya estén listas las conclusiones del comité de expertos que acaba de conformarse y una vez que el PIB haya recuperado el nivel precrisis.
El plan de recuperación enviado al ejecutivo comunitario incluye una amplia batería de medidas, cuyo impacto no se especifica, para cerrar la brecha de recaudación sobre el PIB de siete puntos que separa España de la media europea (39% del PIB en España, frente a 46% de media de la UE) . Montero siquiera ha aclarado a qué nivel se pretende elevar el peso de los ingresos públicos sobre el PIB. “Será una reducción paulatina del gap, pero no hay un compromiso de cifra ni la UE lo ha exigido”, ha insistido. “Se pone el año 2023 porque se cree que la recuperación del PIB sea ese año (…). Si no llegamos en el momento señalado, todo el calendario también se mueve”.
Reducidos de IVA
El documento hace hincapié en la revisión de la fiscalidad medioambiental, en la que España se encuentra por debajo de la media comunitaria, además de modificaciones al impuesto de sociedades (para que las empresas tributen un mínimo del 15%), las figuras que gravan la riqueza y el estudio de los nuevos impuestos a la economía digital y una revisión de los beneficios fiscales. Sobre este último punto, la ministra ha asegurado que en este momento no se tiene “un orden de prelación”, pero que se revisarán todos los beneficios fiscales, incluidos tipos de IVA reducidos (10%) y superreducidos (4%), que están desde hace tiempo en la mira de la UE y que son objeto de estudios del grupo de expertos. “En estos momentos no lo tenemos decidido y nosotros como Gobierno somos más partidarios de los impuestos indirectos. Ahora, si Europa insiste en que hay un uso abusivo y el grupo de expertos lo señala, lo vamos a escuchar”, ha manifestado.
En materia de fiscalidad verde, el Ejecutivo proyecta una subida impositiva al transporte aéreo, la equiparación del gasóleo a la gasolina ―una medida ya incluida en los Presupuestos para 2021 que finalmente decayó―, la extensión de peajes a todas las carreteras, la revisión de los tributos que gravan la matriculación y la utilización de vehículos, además de nuevos impuestos al plástico de un solo uso y a los residuos, que ya están en tramitación. Sin embargo, Montero ha señalado este lunes que estas medidas no serán suficientes para cerrar la brecha de colecta de seis décimas que separa España de la media de la zona euro.
El plan de recuperación además recoge medidas relativas al impuesto de sociedades para asegurar un tipo mínimo de tributación del 15% ―como preveía el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos―, o la armonización de las figuras que gravan la riqueza ―patrimonio y sucesiones y donaciones, cedidos a las comunidades― “entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial”. En este ámbito, la ministra ha señalado que habrá que esperar las conclusiones del comité de 17 expertos al que se ha encargado diseño de una reforma fiscal integral, cuyos resultados se conocerán en febrero de 2022. Y ha añadido que no habrá grandes cambios en materia de IRPF, patrimonio e IVA hasta que se conozcan sus conclusiones.
Información
El documento enviado a Bruselas promete ampliar a cinco años el horizonte temporal de las fases de análisis del gasto de la Airef, para desligarla del ciclo político, y además señala que se creará una “estructura permanente” en el Ministerio de Hacienda encargada de hacer un “seguimiento activo” de las conclusiones del organismo. El objetivo es “instaurar en España un proceso sistemático, estructural y periódico de evaluación del gasto”, y aumentar su calidad, “mejorando su composición y reorientando su uso”.
La evaluación del gasto público es uno de los tres componentes ―como se denominan las grandes reformas comunicadas a Bruselas― al que se ha comprometido el Ejecutivo con Bruselas en el ámbito fiscal. El tercero, además de la reforma fiscal, es la lucha contra el fraude. En ello, el Gobierno promete reforzar la Agencia Tributaria, con una inversión de 532 millones entre 2021 y 2024 que no irá a cargo de los fondos europeos. Esta reforma prevé, entre otras cosas, aprobar la ley contra el fraude fiscal, que lleva desde octubre atascada en el Congreso, modernizar la Agencia y elevar en unos 3.000 efectivos su personal para 2023.
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