El Gobierno decidirá la ubicación de las sedes de instituciones estatales de nueva creación en un plazo máximo de seis meses una vez se haya iniciado el proceso de selección. Ese margen de tiempo se podrá reducir a la mitad mediante una tramitación urgente, según el real decreto que regulará la descentralización de los futuros organismos de la Administración central.
La lucha contra la despoblación, los niveles de desempleo, la cohesión social y territorial y la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos serán algunos de los criterios que se primarán dentro de la hoja de ruta que el Consejo de Ministros aprobará este martes. La prioridad es revertir el desigual reparto de la población. Cuarenta y un millones de españoles residen en el 30% del territorio (Madrid y zonas costeras) mientras que solo 6,4 millones habitan en el 70% del país. “Está acreditado que las instituciones públicas ejercen un papel extremadamente beneficioso en los entornos físicos en los que se ubican”, destaca el decreto, que firma la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Uno de los efectos positivos sería su contribución a fijar población mediante la creación de empleos directos e indirectos,
Será la primera vez que un Gobierno establece un protocolo “de elección racionalizado” con las condiciones para decidir dónde se establecen las instalaciones públicas del Estado. “Se consigue así el establecimiento de un mecanismo deliberativo que aproveche el potencial de todas las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y que contribuya a reforzar el papel del sector público como elemento vertebrador”, señala el documento.
El procedimiento de elección será “objetivo y competitivo” y se basa en los principios del artículo 103.1 de la Constitución: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
Una comisión consultiva formada por varios ministerios fijará los criterios para cada caso concreto. Por ejemplo, para combatir la despoblación se priorizará “la tendencia demográfica” de las distintas comunidades autónomas que se postulen para albergar a una entidad pública. Si lo que más interesa es reforzar las oportunidades laborales, se primarán localidades o provincias con elevados niveles de desempleo. Según el real decreto, también se fomentará una mayor presencia del sector público estatal “en aquellas comunidades autónomas en las que el Estado ha estado hasta ahora menos presente”.
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El inicio del proceso, del que el Consejo de Ministros informará, deberá ir acompañado de una memoria que indique la naturaleza y funciones de la entidad en cuestión, el número aproximado de personas que necesitará para su funcionamiento y otros elementos que se consideren relevantes para su ubicación. Esta memoria será elaborada por el ministerio del que dependa el nuevo organismo y por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial. A continuación, la Comisión Consultiva tendrá un mes para establecer los criterios de los que dependerá el lugar de la futura entidad. “Excepcionalmente, y por razones fundadas en la mejora del funcionamiento de los servicios públicos”, el Consejo de Ministros podría reubicar algún organismo ya existente. Las fuentes consultadas subrayan que es una fórmula jurídica preventiva y que la apuesta del Gobierno es impulsar la desconcentración de los órganos de nueva creación.
Las localidades que presenten su candidatura para albergar una entidad en su término municipal, tendrán más opciones si cuentan con el respaldo de sus comunidades autónomas. No obstante, el Gobierno se abre a la posibilidad de que se tenga en consideración a municipios que cumplan con los requisitos pertinentes pero no se hayan postulado.
Las administraciones interesadas podrán ofrecer compromisos adicionales como la cesión de bienes inmuebles “a todos los efectos, debiendo el Estado restituir el mismo en el caso de que este dejara de quedar afecto a la prestación del servicio que motivó la cesión”. Y se valorará que se asuman los costes financieros.
El eventual traslado de empleados públicos “no supondrá un perjuicio en su carrera profesional y se ajustará a lo dispuesto en la normativa aplicable sobre la materia para cada entidad”. El Gobierno tendrá en cuenta las medidas específicas “orientadas a facilitar la movilidad de este personal y sus familiares”. El real decreto especifica que se les deberán ofrecer “condiciones ventajosas”.
Las candidaturas deberán detallar la fecha en que, en caso de adjudicación, se harán efectivos los compromisos a cambio de recibir la sede. En caso de incumplimiento, el municipio asumirá los costes de establecimiento o desplazamiento que se hubieran producido hasta el momento.
Nueve ministerios asesoran sobre la mejor ubicación
La decisión final sobre la ubicación de la nueva institución le corresponderá al Consejo de Ministros, pero se basará en el trabajo de una comisión consultiva que establecerá los requisitos y analizará en un informe las posibles sedes que pueden albergar a la entidad afectada. Este nuevo órgano se creará en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del real decreto y no supondrá un incremento de gasto público. La persona titular del Ministerio de Política Territorial presidirá esa comisión, que se reunirá al menos una vez al año e integrarán otros ocho ministerios: Presidencia, Economía, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Transportes, Derechos Sociales y Exteriores. Además, serán vocales no permanentes quienes asistan en representación de los ministerios a los que se encuentren adscritas las entidades cuya ubicación se vaya a decidir. La comisión elaborará un informe anual sobre la aportación que las sedes de las instituciones pertenecientes al sector público estatal realizan a la vertebración territorial y a la lucha contra la despoblación.
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