La legislatura cambia de ciclo. El vértigo de diciembre, con acumulación de reformas sorpresa, votaciones tensas, escándalos en el Congreso, recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, paralizaciones de plenos, y una fenomenal tormenta política, dará paso a una nueva fase completamente diferente que arranca este lunes, después del descanso que se ha tomado casi toda la política estos primeros días de enero después del frenesí navideño. La Moncloa lo tiene muy claro: se acabó el momento de las grandes reformas —”ya hemos hecho muchísimas, 192 leyes y con las que quedan pendientes de rematar llegaremos a 200″, explican en el Ejecutivo— y viene un año electoral decisivo en el que el Gobierno se va a concentrar en explicar su gestión y en desarrollar esas grandes leyes.
Un año de “lluvia fina”, explican, con mucha pedagogía, para contar esas 192 reformas, que en ocasiones han pasado desapercibidas en la vorágine de cambios y polémicas que se ha vivido en los últimos meses, y sobre todo para tratar de cambiar la agenda política y rebajar la tensión para volver a hablar de economía, un asunto en el que históricamente el PP se sentía más cómodo que el PSOE, pero ahora el Gobierno cree que es su terreno natural y donde los populares tienen menos discurso.
Los estrategas del Ejecutivo están convencidos de que al Gobierno le va mucho mejor cuando la agenda política y mediática se centra en sus reformas y en las consecuencias que tienen, sobre todo, en los datos económicos que, pese a ser propios de una economía en desaceleración por la inflación, la subida de los tipos de interés y la crisis provocada por la guerra, son mucho mejores de lo esperado hace unos meses y de los augurados por la oposición, que pronosticó un otoño caliente y un invierno durísimo que no han llegado.
Los Consejos de Ministros y en general la agenda del Gobierno cambiarán mucho a partir de ahora. No es que no se vaya a hacer ningún tipo de reforma. De hecho, este martes está previsto que vayan al consejo dos importantes que lleva la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en principio debería comparecer después para explicarlas. Se trata de una reforma para reconocer por primera vez una prestación por desempleo especial para los artistas, que tenga en cuenta las características intermitentes de su trabajo, y otra reforma de las bonificaciones a la contratación laboral para que promuevan la contratación indefinida en línea con la reforma laboral, un cambio comprometido con la Comisión Europea. Díaz también tiene pendiente cerrar en breve un aumento importante del salario mínimo, otro de esos asuntos económicos en los que el Gobierno quiere centrar la agenda.
Sin embargo, aunque aún seguirá habiendo alguna reforma de este tipo, el ciclo de las grandes leyes ha concluido. Ni hay tiempo ya —le queda menos de un año a la legislatura— ni sobre todo hay voluntad política para volver a esa batalla diaria que tuvo buenos resultados prácticos —192 reformas y ninguna gran votación perdida pese ser un Gobierno en minoría— pero también ha supuesto un desgaste considerable en las duras negociaciones casi siempre públicas.
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De hecho, quedan dos grandes reformas pendientes, la ley de vivienda y la modificación de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, que corren el riesgo de quedar varadas si no se desbloquean pronto. PSOE y Unidas Podemos hicieron un esfuerzo para cerrar antes de fin de año la ley de protección animal, otra que corría riesgo de quedar en un cajón, pero en estas dos normas el problema no es de la coalición, que tiene prácticamente cerrado el acuerdo interno, sino de los socios, en especial ERC y Bildu. Si estos grupos no ceden algo en sus posiciones de forma rápida, es posible que estas normas que fueron grandes promesas de la coalición queden varadas, porque a medida que se acerquen las elecciones municipales será cada vez más difícil un acuerdo y el tiempo de la legislatura ya ha entrado en cuenta atrás. Aun así y, sobre todo, desde Unidas Podemos se están moviendo para intentar buscar una salida y aprobar estas dos normas muy importantes para la izquierda, y al menos confían en sacar adelante los cambios en la ley mordaza, con una negociación muy avanzada que dirige Enrique Santiago, secretario general del PCE.
La candidatura de Yolanda Díaz
El Gobierno está, pues, concentrado en los grandes anuncios económicos y de gestión —Sánchez tiene una intervención este lunes donde podría haber alguno— y empieza a trabajar ya a tope para la campaña electoral que dominará el año entero, con autonómicas y municipales en mayo y generales previsibles en diciembre. Pablo Iglesias, referente de Podemos, ha apuntado que podría haber un adelanto de las generales a abril, como en 2019, que nadie parece tomarse muy en serio en La Moncloa. No parecen ir por ahí los movimientos de Pedro Sánchez y su equipo. Pero sí está toda la coalición muy pendiente, tanto el sector socialista como el de Unidas Podemos, de los movimientos de Yolanda Díaz para reunificar su espacio y armar su candidatura.
Este jueves 12 hay previsto un acto importante de Sumar que podría ser el paso previo a la confirmación de la candidatura de la vicepresidenta segunda. Ese día se pondrán en común los trabajos sectoriales de Sumar que se han realizado para concluir en un documento con un “proyecto de país”. Pero Díaz, que está teniendo bastante éxito en la reunificación de todo el espacio que quedó fuera de Podemos con múltiples escisiones y rupturas y demuestra una gran fuerza política y unas enormes expectativas en casi todas las encuestas, tiene pendiente el acuerdo con el grupo de Ione Belarra, Irene Montero y el propio Iglesias, que reclaman un espacio privilegiado porque se consideran la fuerza dominante. Toda la izquierda española está muy pendiente de esa posible negociación.
Este lunes también se consuma el cambio de la mayoría en el Tribunal Constitucional, que pasa a ser progresista —con un 7-4— después de casi 10 años de dominio conservador. Es un gran éxito para el Gobierno, que ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Aún queda por saber quién será el nuevo presidente, si Cándido Conde Pumpido o María Luis Balaguer. La Moncloa prefiere claramente al primero, pero sea el que sea, el giro del tribunal estará consolidado porque ambos son de indiscutible tendencia progresista. Un Constitucional renovado y con mayoría progresista podrá al fin enfrentarse a decisiones de gran calado como el aborto, la eutanasia o incluso la reforma laboral.
La justicia, y sobre todo el Tribunal Supremo, será uno de los grandes protagonistas de este año porque tendrá que aplicar las polémicas reformas de la sedición y sobre todo la malversación. En La Moncloa están absolutamente convencidos de que no hay ningún margen legal para que se beneficien de esta última los condenados por los casos de corrupción más conocidos, pero la prueba de fuego llegará cuando se tramiten los recursos de los afectados.
También habrá que ver cómo se aplican a los independentistas del procés. Cataluña nunca saldrá de foco del todo, pero Sánchez, que ha cerrado la carpeta catalana con ERC —ya no habrá más reformas para sus dirigentes procesados— está convencido de que puede convertir la situación catalana, completamente diferente a la de 2017, en una de sus grandes bazas electorales. A partir de ahora, casi todo olerá a elecciones en la política española.
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