El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el texto definitivo del proyecto de ley de memoria democrática que llevará a las Cortes. Allí le espera la oposición del PP y de Vox. Ambos partidos no solo han prometido derogar la ley —aún no aprobada— si llegan al Gobierno, sino que en las últimas semanas han impulsado una ola de revisionismo histórico criticada por algunos de los especialistas en la materia y por la mayoría de los portavoces parlamentarios.
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Este lunes, en un acto en Ávila al que el PP invitó a Ignacio Camuñas, exministro de UCD y uno de los padrinos de Vox, este negó que fuera un golpe de Estado lo que provocó el inicio de la Guerra Civil. “Si hay un responsable de la guerra, este es el Gobierno de la República”, dijo. El líder de la oposición, Pablo Casado, no le corrigió. De hecho, el pasado 30 de junio ya hizo unas declaraciones similares en el Congreso de los diputados, cuando afirmó: “La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre los que querían la democracia sin ley y los que querían la ley sin democracia. Y nuestra Constitución es el pacto por el cual no puede haber democracia sin ley ni ley sin democracia”. Catedráticos de historia contemporánea desmintieron inmediatamente ese discurso revisionista.
Félix Bolaños, que se ha estrenado este martes como ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo, destacó que esta es “la primera ley que repudia el golpe de Estado de 1936″ y aseguró que el objetivo es corregir las deficiencias de la norma aprobada en 2007 señaladas, entre otros, por el entonces relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff. “Ninguna fuerza democrática debería tener ningún problema en homenajear a las víctimas de una dictadura. La voluntad del Gobierno es que se sumen a una ley homologable a otros países de nuestro entorno”, ha insistido el ministro.
