Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional el delito de aborto en Coahuila, el Gobierno del Estado, encabezado por Miguel Riquelme, manifestó a través de un comunicado que la legislación local se adaptará al criterio del máximo Tribunal de no criminalizar a ninguna mujer por abortar.
El Código Penal del Estado establece en su artículo 195 y 196 que comete aborto para efectos penales “quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” y estipula penas de uno a tres años de prisión para quien cometa tal delito. Tras la decisión de los magistrados de la Corte por unanimidad, los artículos quedan invalidados y por lo tanto, dejarán de existir en la ley del Estado. “Se destierra la amenaza de la prisión sobre las mujeres y el estigma”, afirmó el ministro ponente, Luis María Aguilar, en referencia al giro de timón que acaba de dar la SCJN respecto al tema.
Más información
Al existir 10 votos en el mismo sentido, la decisión de la SCJN crea jurisprudencia y tendrá carácter retroactivo para cualquier mujer que esté presa por abortar. Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno de Coahuila para conocer cuántas mujeres se encuentran encarceladas por este motivo, pero hasta el momento de publicación de esta información, no ha recibido respuesta. “Si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto deberá ser puesta en libertad inmediatamente”, señala el comunicado. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México hay 432 mujeres registradas por el delito de aborto. De estas, cuatro pertenecen al Estado de Coahuila.
Más Información
“El Ejecutivo estatal reitera su compromiso para fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, y continuará impulsando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, así como del respeto a la vida”, remata el documento de Coahuila, uno de los Estados más restrictivos y punitivos respecto al aborto hasta la fecha.
Las normas férreas respecto al aborto han ido en aumento en los Estados más conservadores, como parte de la estrategia de los grupos religiosos y antiderechos, después de que la Ciudad de México despenalizara la interrupción del embarazo. La oleada de reformas a las constituciones locales en los estados para “proteger la vida desde el momento de la concepción” dan fe de ello. Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán, Jalisco, Nayarit, Puebla, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Colima, Baja California y Morelos blindaron la norma para obstaculizar futuros intentos de ampliar las causales o despenalizar el aborto por la vía legislativa.
Más Información
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), pese al objetivo inicial, las reformas señaladas no constituyen un obstáculo legal para el acceso al aborto bajo causales, ni para futuras reformas que pudieran despenalizar el aborto en otras entidades federativas. “Sin embargo, estas reformas han contribuido a promover un clima de confusión e incertidumbre jurídica entre el personal de servicios de salud y de procuración de justicia, así como entre las propias mujeres sobre la legalidad del aborto en los supuestos establecidos en la ley”, apunta GIRE, en un reciente informe sobre la criminalización del aborto en México.
