El más longevo de Nicaragua, no llegará este viernes a los puestos de venta. El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso un bloqueo aduanero al papel necesario para imprimirlo. “El papel se encuentra secuestrado”, alertó la edición digital del único periódico con alcance nacional que queda en el país centroamericano. La medida refuerza el apagón informativo provocado por la escalada represiva del régimen sandinista a través de la Fiscalía. Que persigue a periodistas con la llamada Ley de Ciberdelitos y envía a la cárcel a los opositores que se atreven a dar declaraciones a los medios de comunicación independientes.
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Esta no es la primera vez que la administración Ortega-Murillo impone un embargo aduanero al papel y la tinta de La Prensa, pero sí es la primera ocasión que su edición impresa —así como la del diario popular Hoy, de la misma casa editorial— deja de circular por falta de material. El anterior embargo duró más de 500 días, hasta el 6 de febrero de 2020. Cuando el régimen liberó varias toneladas de papel, tinta y demás insumos gracias a la intermediación del nuncio vaticano, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.
“El papel se encuentra secuestrado porque las autoridades de la Dirección General de Aduana (DGA) no aprueban el trámite de solicitud de exoneración que realizó La Prensa desde el pasado 26 de julio”, informó el diario. “Según la ley, las autoridades tienen un máximo de días para responder dicha solicitud, sin embargo, en esta ocasión, han pasado 18 días desde el inicio del trámite”. Según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua, los medios de comunicación con “función social” —como La Prensa— están exonerados de “toda clase de impuestos”.
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El trámite para importar insumos fue relativamente normal hasta antes de 2018, cuando estallaron las protestas sociales contra el Gobierno. Las revueltas fueron neutralizadas con violencia, como han denunciado organismos de Derechos Humanos. Los medios de comunicación se volvieron claves para documentar la represión y el Gobierno se enfiló contra las redacciones. Confiscaron los equipos del canal 100% Noticias y Confidencial; a los dos rotativos nacionales, La Prensa y El Nuevo Diario, les impuso un largo bloqueo aduanero. El Nuevo Diario no resistió la falta de materia prima y en septiembre de 2019, tras 40 años de circulación, cerró definitivamente.
“El costo del papel y los insumos (retenidos en 2018) ascendió a 225, 352 dólares, más el pago de los almacenes fiscales. En esa ocasión la materia prima fue liberada (…) Sin embargo, los 17 meses de secuestro causaron grandes pérdidas a la empresa, ya que tuvo que imprimir en papel más caro y se vio forzada a recortar fuertemente el alcance de la circulación, lo que redujo considerablemente las ventas”, recordó La Prensa.
Desde ese episodio, la dirección del diario hace importaciones más pequeñas de insumos, en tramos más cortos de tiempo, para poder sortear a la DGA. El Gobierno sandinista, que considera “terroristas de la comunicación” a los medios. Decidió ahora torpedear al diario decano del periodismo nicaragüense en un contexto electoral cuestionado.
Apagón informativo
El embargo del papel de La Prensa es parte de una escalada represiva que llevó a la cárcel a 32 líderes opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales; la anulación de todos los partidos opositores y la imposición de una elección sin competencia ni transparencia. Al mismo, la Fiscalía ha cargado contra decenas de periodistas, a quienes amenaza con la Ley de Ciberdelitos. La persecución ha impulsado una nueva oleada de reporteros exiliados.
La mayoría de periodistas han salido de manera irregular de Nicaragua para evitar que las autoridades de Migración y Extranjería les decomisen sus pasaportes, como le sucedió a Julio López del programa radial Onda Local y otros opositores que han intentado salir de manera formal.
La persecución política causó también un “apagón informativo” sin precedentes en el país: las principales voces, fuentes de información consultadas por los reporteros, han optado por autocensurarse, luego de que expertos electorales —dado el contexto— han sido apresados por verter opiniones en los medios de comunicación. El caso más claro fue el de José Antonio Peraza, arrestado horas después de alertar en la televisión local sobre la falta de garantías en las elecciones de noviembre.
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“La persecución sistemática y generalizada en contra de la prensa independiente ha desencadenado que hoy en Nicaragua las fuentes informativas no quieran hablar con la prensa independiente por temor de enfrentar un proceso judicial posterior; las pocas fuentes informativas que opinan sobre temas de interés nacional lo hacen bajo la condición del anonimato, lo cual constituye un grave retroceso en materia de libertades públicas”, alertó en julio de 2021 el monitoreo y seguimiento a casos de violaciones a la libertad de prensa que realiza el diario La Prensa.
Un ejemplo de lo que dice el informe de La Prensa fue la cancelación jurídica de 24 ONGs, principalmente organizaciones médicas que, ante la falta de información estatal sobre los efectos de la pandemia de la covid-19, eran fuentes primarias de información para los periodistas independientes.
“No sólo es un apagón informativo, porque el apagón informativo se limitaría a los medios de comunicación”, dice la socióloga Elvira Cuadra. “Esto incluye tanto a organizaciones como a personas individuales. Algunas detenciones. Sobre todo las últimas que se han realizado, tienen todas esas características: Después de brindar entrevistas y emitir su opinión, las personas son detenidas. Se les aplican leyes y artículos que no tienen sentido”, agrega.
