Con discreción y sin grandes anuncios, el Gobierno de Nicolás Maduro adelanta un proceso de escala para devolver al sector privado activos expropiados en los últimos años, especialmente durante el último tiempo de su predecesor y jefe político, Hugo Chávez. La decisión del régimen venezolano comprende una lista de propiedades y empresas, en las que, de momento, destacan fincas y hatos vinculados a la producción agraria, aunque también hay hoteles e industrias.
El hermetismo ha sido clave en este proceso. La devolución del Centro Comercial Sambil a sus propietarios, la familia Cohen, que llevaba meses en negociaciones secretas parece ser la punta del iceberg. En ningún caso parece estar planteada la figura de indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados. Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Tarek El Aissami, y los ministros del área económica y comercial, con la autorización de Nicolás Maduro, conducen el cronograma de entregas, de carácter selectivo, y que se ha desarrollado con objeciones y resistencias en el sector chavista.
La comunicación del oficialismo con el empresariado es fluida, señalan las fuentes consultadas. El Gobierno, algunos empresarios y varios sindicatos planean convocar para finales de este mes al Foro de Diálogo Social, con Maduro ejerciendo de árbitro, y en presencia de funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo.
En el área agraria, el Gobierno y los empresarios discuten un papel de trabajo en el que se evalúa la devolución a sus dueños originales de hatos como El Rodeo, ubicado en el estado Guárico, de 3.600 hectáreas; el Hato Las Mercedes, en Barinas, con 14.000 hectáreas; el Fundo San Roque, en el estado Zulia, de 176 hectáreas; la Escuela Agronómica Salesiana San José, en Barinas, de 1.800 hectáreas; el Fundo San Antonio, en el estado Yaracuy, de 1.200 hectáreas; el Fundo Buena Esperanza, en el Zulia, de 900 hectáreas; el Hato Cristo/El Trébol, en el Estado Mérida, de 530 hectáreas; el Fundo San Felipe, en el estado Zulia, de 275 hectáreas; la Hacienda Bolívar, en el estado Zulia, de 4.000 hectáreas o el Hato El Zamuro, en el Estado Portuguesa, de 6.200 hectáreas. Salvo algunas excepciones, lo habitual es que el Ejecutivo de Maduro esté regresando desmantelados y sin operatividad activos que estaban funcionando con total normalidad antes de ser incautados.
El régimen chavista ha hecho proposiciones a los dueños expropiados de compañías e industrias manufactureras —la empresa de agroquímicos y servicios AgroIsleña, Aceites Diana; la siderúrgica Sivensa— pero, a diferencia de lo que sucede con las haciendas, el ofrecimiento ha sido recibido con incredulidad y renuencia. La cadena de hoteles estatal Venetur se ha ido desprendiendo de algunas de sus sedes. Walter Stipa, empresario cercano al chavismo, ha asumido el control de algunas de ellas para operarlas. El chavismo está ofreciendo contratos de servicio bajo la figura de concesiones. Sus funcionarios siguen muy renuentes a usar la palabra “privatización.”
Una vez reelecto en el año 2006, Hugo Chávez inició una toma progresiva de activos y empresas del sector privado, invocando el interés nacional y proponiendo la existencia de fórmulas alternativas de propiedad, luego de negar muchas veces que tuviera intenciones de hacerlo. La política formaba parte del interés estratégico de “controlar los medios de producción” para hacer realidad la utopía revolucionaria. La ola de estatizaciones, expropiaciones, tomas y “rescates” de tierras en Venezuela, se supone que para hacer justicia social y redistribuir la riqueza, incluyó cementeras, fábricas de vidrios, siderúrgicas, hoteles, operadoras petroleras, el servicio eléctrico y la compañía de teléfonos. Este proceso alcanzó el paroxismo en los años 2010 y 2011, poco antes de que Chávez enfermara de cáncer.
“Se están devolviendo activos al empresariado”, reconoce Ana María Carrasquero, socióloga y directora del Observatorio Venezolano para los Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, Cedice. “Lo que no sabemos es bajo qué criterios. Durante años el chavismo promovió las invasiones de propiedades, organizó ideológicamente bandas para asaltar haciendas, robar reses, organizar asentamientos. Hay caudillos regionales muy conocidos por organizar estas invasiones con el consentimiento de Miraflores, como Lesbia Solórzano, en el Estado Barinas, o el diputado Braulio Alvarez, en Yaracuy. Me pregunto qué se va a hacer ahora con esos cursos de adoctrinamiento a sindicatos y campesinos en los cuales se mostraba al empresario como el enemigo”, advierte Carrasquero.
En las invasiones y tomas de fincas participan con frecuencia miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo personal también es adiestrado en la hostilidad hacia los propietarios. “La actitud de las autoridades y de los militares ha cambiado, es otra desde hace unos dos años”, cuenta el dueño de una finca que fue tomada por el chavismo en el centro del país y que ha preferido no identificarse para protegerse. Su propiedad fue ocupada por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras en 2017 pese a haber demostrado su titularidad. “Aquí llegaron de forma abusiva, se llevaron cosas decomisadas, me robaron bienes. Como nunca pudieron sacarme y les gané el juicio, finalmente las cosas han cambiado. No he logrado que los militares salgan de aquí, pero al menos hay buena disposición, nos ayudamos y trabajamos en equipo. Pero eso no ocurre siempre. Conozco al menos cuatro casos, incluyendo el de una tía, a los que las expropiaciones les destruyeron por completo sus terrenos en haciendas en el centro del país”.
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