El Gobierno estudia si el homenaje de Almeida a Millán Astray vulneró la ley | España

Un Estado democrático no tendría que obligar por ley a las administraciones públicas, por ejemplo, un ayuntamiento, a no hacer apología de la Guerra Civil, la dictadura, o el fascismo. La voluntad de eliminar del callejero o de sus monumentos cualquier reconocimiento a quienes atentaron contra la comunidad debería venir de serie en un servidor público. En España, casi 44 años después de la aprobación de la Constitución, no es así y las Cortes Generales han tenido que aprobar una norma que lo exige legalmente y que establece sanciones para eventuales insumisos. El equipo jurídico de la secretaría de Estado de memoria democrática estudia el homenaje que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, del PP, acaba de hacer en un acto público al general Millán Astray, admirador de Franco, de Hitler y de Mussolini, como recuerda el catedrático de Historia Julián Casanova.

En un discurso leído, es decir, preparado, Martínez-Almeida recordó este martes, ufano, que el general franquista tiene una calle en su honor en la ciudad de la que es alcalde. El homenajeado fue jefe de prensa y propaganda de Franco, al que describía como “el enviado de Dios como conductor para la liberación y engrandecimiento de España”. Alentaba a sus subordinados a amenazar a los periodistas extranjeros con la ejecución y, entre otros lamentables episodios, pasó a la historia por su enfrentamiento, en 1936, con el entonces rector de la Universidad de Salamanca. El historiador Paul Preston lo recuerda así: “Mientras Millán Astray se sumía en un delirio homicida, Miguel de Unamuno resistió firme, señalando la necedad necrofílica del lema ‘¡Viva la muerte!’. Millán Astray exclamó: ‘¡Mueran los intelectuales!’, a lo que Unamuno contestó que se encontraban en el templo de la inteligencia y que semejantes palabras eran una profanación”.

En 2017, el novio de la muerte perdió esa calle en Madrid. El Ayuntamiento, presidido entonces por Manuela Carmena, decidió entregársela a la memoria de Justa Freire, una maestra republicana que dedicó su vida a achicar las desigualdades a través de la educación y que fue encarcelada por el franquismo. En agosto del año pasado, Millán Astray recuperó la vía gracias a la voluntad del Consistorio y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que indultó también la vía División Azul, en el primer caso, argumentando que el general no había participado directamente en el golpe de 1936 y, en el segundo, que los españoles que lucharon del lado de los nazis lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, es decir, que no les afectaba la ley de memoria histórica vigente, la de 2007.

La nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado 21 de octubre, define expresamente como elementos contrarios a la norma “las referencias en el callejero” a “la sublevación militar, la dictadura, sus dirigentes y participantes en el sistema represivo”, así como a “las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”. El artículo 38 considera “contrarios a la memoria democrática” los actos públicos que “supongan exaltación personal o colectiva” de todo lo anterior, y establece que “las autoridades competentes” los pondrán “en conocimiento del Ministerio Fiscal” si advirtieran “hechos que pudieran ser constitutivos de delito”. El artículo 62 considera “infracción muy grave” que no se adopten las medidas necesarias para evitarlos, así como la convocatoria de “actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva” del golpe militar, la Guerra Civil, la dictadura, sus dirigentes o participantes en el sistema represivo cuando entrañen “descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”.

Recibió aplausos porque aún quedan nostálgicos, pero al jactarse en un acto público de esa calle al militar franquista, el alcalde de Madrid no solo ha ofendido a los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, sino a los vecinos demócratas cuyos votos han servido para colocarle donde está. Ese reconocimiento a Millán Astray se produce pocos días después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, definiese la norma que explicita la obviedad de que una democracia no puede homenajear a la dictadura como “una ley ideológica que reabre los rencores de la Guerra Civil” y después de que censurase el traslado de los restos de Queipo de Llano de La Macarena de Sevilla. Pero no alimenta el rencor quien pretende sanear el callejero eliminando cualquier referencia al franquismo, sino quien trata de agradar a esa minoría que aplaude al escuchar el nombre de Millán Astray y racanea los homenajes a escritoras como Almudena Grandes mientras se jacta de tener una placa al hombre que quiso matar la inteligencia o defiende que la tumba de un genocida ocupe un lugar preeminente en un espacio público, una basílica católica para más inri.