Las autoridades Italianas continúan sus batallas contra la ONG que rescatan a migrantes en el Mediterráneo, pero la lucha ha entrado en una nueva fase menos agresiva para evitar una confrontación directa con Bruselas y sus socios europeos, como ocurrió hace unas semanas. El Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó en la noche del miércoles un decreto ley por el que podrá multar y confiscar a los barcos de las ONG que realicen rescates en el Mediterráneo y que no cumplan con la legislación vigente. La nueva normativa, que aún no ha sido publicada al completo, no impide el desembarco de los migrantes rescatados, pero lo complica considerablemente.
Asimismo las ONG tendrán que seguir en las operaciones de rescate y que, según el ministerio de Interior italiano, está alineado con la normativa internacional sobre salvamento marítimo y migraciones, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En primer lugar, una vez que hayan rescatado a migrantes en el mar, los barcos humanitarios de estas organizaciones tendrán que notificarlo inmediatamente a las autoridades italianas, que les asignarán un puerto de desembarco. Las embarcaciones deberán dirigirse al lugar indicado sin demora “para completar la operación de rescate”. A diferencia de lo que ocurre ahora, los buques tendrán que acudir después de cada rescate al puerto asignado, sea cual sea, aunque no sea el más cercano a su posición. El objetivo es impedir que las naves humanitarias permanezcan más tiempo en la zona de búsqueda y rescate y puedan realizar varios salvamentos consecutivos.
Italia lleva días con este nuevo sistema que en la práctica obstaculiza considerablemente la labor de las ONG. A todos los barcos que han rescatado recientemente a migrantes en el Mediterráneo se les han asignado puertos muy alejados de la zona en la que habían efectuado los rescates, lo que les ha obligado a aumentar los costes de navegación. Es el caso del Ocean Viking, de la ONG francesa SOS Méditerranée, que lleva a más de 100 migrantes rescatados y al que las autoridades asignaron este miércoles el puerto de Rávena, al noreste del país, a una distancia de unos cuatro días de navegación desde la posición de la embarcación, que se encontraba cerca de Sicilia.
La nueva norma especifica que los barcos de las ONG no podrán realizar “rescates múltiples” a menos que estén autorizados por Italia. Es decir, no podrán rescatar a otros náufragos que encuentren en su camino ni trasladar a bordo a los migrantes rescatados por otros buques. Si no cumplen estas normas, no podrán entrar en los puertos italianos y el capitán podrá ser multado con hasta 50.000 euros. Además, las autoridades podrán imponer la inmovilización de la embarcación hasta un máximo de dos meses. Si las infracciones se repiten, las embarcaciones podrán ser confiscadas.
Las ONG han protestado contra esta nueva normativa que cerca su actividad
“Nos veremos obligados a dejar desprotegidas las zonas de rescate en el mar Mediterráneo, con un inevitable aumento del número de muertos”, ha señalado Marco Bertotto, jefe de operaciones en Italia de Médicos Sin Fronteras, en una entrevista con el diario La Stampa. Y ha lamentado la ausencia de un sistema estatal de salvamento, “un vacío que hemos intentado llenar en los últimos años”. “Pero si nos dificultan la tarea, cuando no la hacen imposible, ¿Quién irá a salvar vidas?”, ha reprochado.
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