El Gobierno quiere lanzar mensajes de distensión en Cataluña y cree que los indultos a los presos del procés es uno de los más eficaces, pero eso no implica que esté dispuesto a facilitar que el expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017, pueda volver a España libre de culpa. Son procesos completamente diferentes, explica el Ejecutivo, y Puigdemont debe ser juzgado como lo ha sido Oriol Junqueras y los otros 11 presos. De hecho, una de las decisiones que más ha alejado a ERC y a Junts es que el líder de los republicanos decidió quedarse en España y asumir las posibles consecuencias penales, y lleva tres años y medio en la cárcel, mientras el expresident, sin pactarlo con Junqueras, decidió escaparse y ha pasado todo este tiempo en una casa en Waterloo, a las afueras de Bruselas, donde recibe constantes visitas de sus fieles aunque no puede entrar en España porque sería inmediatamente detenido pese a que es eurodiputado. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, dejó muy claro que la decisión de aprobar los indultos, que está prácticamente tomada por los mensajes que manda el Ejecutivo, no implica que Puigdemont se vaya a librar del mismo proceso que ha sufrido Junqueras.
Lo que sí es probable es que si se le logra juzgar en algún momento, la pena sea menor, porque el Gobierno va a reformar el delito de sedición, pero este quedará con penas de cárcel importantes en cualquier caso, aunque no sean de hasta 15 años como ahora sino de aproximadamente un tercio, como en la mayoría de los países europeos.
“Puigdemont debe ser juzgado. No es de recibo que esté todavía huido de la justicia española. Ojalá podamos tener pronto la extradición del señor Puigdemont para que pueda ser juzgado en España. Son cosas diferentes. El Gobierno apuesta por un camino de reencuentro y de diálogo en Cataluña, pero Puigdemont debe ser juzgado”, sentenció Montero.
El Ejecutivo trata así de contrarrestar el argumento de que está perdonando todo a los líderes del procés y que quedarán sin pena. Los miembros del Gobierno recuerdan que los 12 presos que van a ser indultados ya han cumplido casi cuatro años de prisión en algunos casos y lo único que se va a hacer es adelantar unos meses su salida en tercer grado, que no iba a tardar en la mayoría de ellos. Además se mantendrá la inhabilitación, por lo que los efectos prácticos del indulto serán limitados, pero se trata sobre todo de una decisión política cargada de simbolismo como gesto a favor de iniciar una nueva etapa de diálogo. El Gobierno no ha criticado en ningún momento la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Junqueras a 13 años. Al revés: la ha aplaudido. Y no se va a mover de esa posición, que implica que el tiempo de la justicia no merece reproche, pero ahora llega el momento de la política y el Gobierno puede usar su capacidad de indultar desde este momento —antes no podía porque faltaban todos los trámites de la Fiscalía y el Supremo— y está dispuesto a hacerlo para facilitar la salida del conflicto catalán.
La visión del principal partido de la oposición es diametralmente opuesta: indultar a los líderes del procés no es solo una decisión equivocada, sino que es profundamente grave, cree Pablo Casado. El líder del PP ha alertado este martes de que la concesión de esta medida de gracia es el inicio de un “proceso destituyente” que impulsa, en su opinión, el Gobierno de Sánchez “contra la soberanía y contra las instituciones de los españoles”. Según Casado, los indultos “no son el final del proceso, sino el inicio de un nuevo empuje radical” del Ejecutivo del presidente socialista, que termina con una modificación ilegal de la Constitución. “El plan de Sánchez es la neutralización del PP como primer paso hacia la mutación constitucional, a través de un cambio ilegítimo y al margen del procedimiento previsto”, ha afirmado el líder del PP en un desayuno informativo de Europa Press, aunque no ha detallado cuál es la reforma constitucional que prevé que suceda por la puerta de atrás.
Casado ha hecho de la concesión de indultos el eje principal de su oposición al Gobierno. El líder del PP detecta un rechazo transversal en una parte de la sociedad española porque no quiere dejar espacio a Vox. Por eso se manifestará con la extrema derecha en la plaza de Colón el día 13 en Madrid, aunque intentará evitar una foto conjunta de los líderes. Casado se ha defendido de las críticas a esa protesta contraatacando a Sánchez. “Lo que me daría vergüenza es tener fotos con Bildu”, ha disparado, y después ha dedicado todo su discurso en el desayuno informativo a tratar de desmontar, uno a uno, los argumentos del PSOE en defensa de la medida de gracia. El líder popular rechaza que la iniciativa pueda suponer el comienzo de un camino de concordia entre la sociedad catalana y la española. “Llamar concordia a esa oscura transacción es mucho más que una trampa del lenguaje y un desprecio a la inteligencia y a la madurez de los españoles; es, simplemente, la manipulación grotesca de uno de los valores más nobles de nuestra política para ponerlo al servicio de los propósitos más bajos”, ha criticado.
Tampoco cree Casado que los indultos vayan a servir para que el movimiento independentista abandone definitivamente el camino unilateral. “Si los separatistas no abandonan sus amenazas, estamos abocados a que la historia se repita una y otra vez con el mismo resultado, diga lo que diga Pedro Sánchez y haga lo que haga el PSOE”, apunta Casado, muy crítico también con las palabras de Sánchez contraponiendo indultos a “venganza”. “¿Desde cuándo es revancha, venganza y castigo el Estado de derecho y la justicia?”, se ha preguntado. “¿En qué momento la socialdemocracia adoptó el principio de que la ley estorba a la concordia y a la convivencia?”.
Los populares entienden que el principal punto débil de Sánchez con este tema es la idea de que aprobará los indultos como un pago político a ERC a cambio de la estabilidad de su Gobierno, y por eso Casado insiste en este punto. El jefe de la oposición carga contra Sánchez por “pretender resolver sus propios problemas convirtiéndolos en problemas de Estado”. “No puede lograr su continuidad en el poder a costa de la continuidad de la nación española”, ha enfatizado este martes.
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