El Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado formalmente al Parlamento Europeo que el catalán, el gallego y el euskera puedan ser lenguas de uso en los plenos de la Eurocámara. Así lo ha confirmado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a la consellera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Natalia Garriga, en la reunión que han mantenido este viernes en Madrid.
Ha sido un encuentro de trabajo entre el Ministerio de Política Territorial -responsable del Consejo de Lenguas- y la Generalitat para impulsar acciones concretas que desarrollen los compromisos para la protección del catalán acordados en la mesa del diálogo del pasado 27 de julio. En la reunión, Rodríguez ha explicado a la consellera los “avances en el cumplimiento de estos compromisos para la protección e impulso de la lengua catalana y del resto de lenguas oficiales”, según ha explicado el Ministerio de Política Territorial en un comunicado.
“El primero de estos compromisos es la carta que ha enviado el Gobierno de España al presidente del Parlamento Europeo en la que se insta a que catalán, gallego y euskera, además del castellano, puedan ser lengua de uso en los plenos de la Eurocámara”, indica el comunicado. La ministra le ha trasladado a la consellera que el Gobierno está “comprometido con el reconocimiento y fomento” de la “diversidad cultural” del Estado. “La diversidad lingüística, para el Gobierno, es un patrimonio irrenunciable y se continuará avanzando en el impulso de la lengua catalana y del resto de lenguas de nuestro país”, ha añadido.
A través de la misiva, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, argumenta que, en el contexto actual de una mayor demanda de transparencia y de mejoras en la participación ciudadana en las instituciones de la Unión Europea, se dan “las condiciones para reiterar la petición del Gobierno de España de posibilitar el uso en el Pleno del Parlamento Europeo de las lenguas españolas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España”.
La petición del Gobierno tiene precedentes en 2005 y en 2009, cuando desde el Ministerio de Exteriores español se dirigieron al entonces presidente del Parlamento Europeo y actual Alto Representante, Josep Borrell, para proponerle ciertos usos en la Eurocámara de las lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España. El Ejecutivo asegura que España asumiría los costes correspondientes a la puesta en práctica de esta iniciativa, que está dispuesta a negociar y que podría plasmarse en acuerdo administrativo, una vez aprobado por los órganos del Parlamento Europeo.
Albares aseguró a finales de julio, tras la reunión de Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE) que se celebró en Bilbao, que el Gobierno realiza “desde hace años un esfuerzo” para que estas lenguas se puedan usar con normalidad en todas las instituciones europeas. Y avanzó que España aprovechará la Presidencia de la UE para impulsar las lenguas cooficiales. También apuntó que ya existen acuerdos con el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia o el Defensor del Pueblo europeos para que los ciudadanos pueden dirigirse a todas estas instituciones en lenguas oficiales.
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Una de las novedades más relevantes del acuerdo suscrito en la reunión de la mesa de diálogo del 27 de julio fue que el Gobierno se comprometía a “solicitar a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición”. El acuerdo preveía la presentación de una solicitud ante la Mesa del Parlamento Europeo, junto con “una propuesta para que sea técnica y financieramente viable”.
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