El Gobierno vasco ha concedido en un año, desde que el 1 de octubre de 2021 asumió la gestión integral de las tres cáceles vascas, un total de 457 progresiones de grado, de las que un 5% corresponden a presos de ETA. De los 116 reclusos que cumplen condena por su vinculación con la banda terrorista en las prisiones de Euskadi, 28 se encuentran en tercer grado y otros ocho en libertad condicional. La consejera de Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha asegurado este lunes que “ningún preso obtiene beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos, sea de ETA o no”. Todos los permisos y los traslados aprobados están basados en “informes profesionales individualizados”.
En las prisiones de Zaballa (Álava), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa) “ya no tienen sentido las excepcionalidades, ni los tratamientos colectivos”, según ha dicho Artolazabal, en respuesta a las críticas recibidas por el Ejecutivo autónomo por el traslado de presos de ETA durante el último año. ”Ni hoteles, ni resorts”, ha afirmado la consejera en respuesta al líder de los populares vascos, Carlos Iturgaiz. Cuando se anunció el traspaso de las competencias de prisiones al Gobierno vasco, este alertó de que los “asesinos de ETA” iban a permanecer en “prisiones resorts” donde vivirían “de lujo”.
La concesión de 457 progresiones a tercer grado (25 correspondientes a presos de ETA) se acuerdan siguiendo el criterio de fomentar los regímenes de cumplimiento de las penas en semilibertad, “en consonancia con las tendencias de los países europeos” y para “favorecer la reinserción de las personas reclusas”, ha aclarado la consejera Artolazabal en una jornada para hacer balance del primer año de gestión de los tres centros penitenciarios. Para el cumplimiento de las penas en semilibertad, el Ejecutivo ha habilitado este año 12 pisos que pueden acoger a un total de 80 personas, además de otras 20 plazas para reclusos que gozan de permisos de día.
Los 457 permisos concedidos durante este tiempo acercan la tasa de reclusos en semilibertad al 40%, que fue la meta que se colocó el Gobierno vasco cuando asumió el control total de las tres prisiones. En la actualidad, la población reclusa en Euskadi es de 1.496 personas (790 en Álava, 378 en Bizkaia y 328 en Gipuzkoa). De ellos, 233 se encuentran en libertad condicional (ocho de estos son presos de ETA). En las tres cárceles trabajan 675 funcionarios y personal laboral, aunque en estos momentos las plazas cubiertas son 558 (el 83%).
En su repaso del primer año de gestión de las cárceles vascas, la consejera ha puesto en valor que la Agencia Vasca de Inserción Laboral-Aukerak ha logrado empleo para 331 reclusos (296 hombres y 35 mujeres) y se han firmado convenios de colaboración con nueve empresas que han dado trabajo a 150 internos (139 hombres y 11 mujeres).
Durante su intervención, Artolazabal se ha referido a las protestas por las condiciones laborales de los empleados de prisiones y ha pedido a los sindicatos que se sienten a negociar y “pongan encima de la mesa sus propuestas”. En este tiempo, el Gobierno vasco ha alcanzado varios acuerdos con el sindicato mayoritario Acaip-UGT para mantener las condiciones de trabajo hasta que en el plazo de dos años se defina una nueva relación de puestos de trabajo (RPT). La consejera ha agradecido de manera explícita a Acaip-UGT su “disposición a hablar desde un planteamiento crítico” porque es consciente de que “no está siendo nada fácil”, de que “los cambios dan vértigo” y de que en estos meses ha habido “muchas jubilaciones”.
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En la jornada de trabajo han intervenido dos internos de Zaballa para hacer un balance del último año. Han coincidido en que no se han producido mejoras en el impulso de la reinserción y han alertado de la “gran falta de personal” y la escasa oferta formativa. “Poco cambio hemos visto” en este año, ha dicho una reclusa.
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