El Gobierno vasco ha escenificado este viernes su compromiso “con el derecho a la verdad” que asiste a las víctimas de atentados de ETA que siguen sin esclarecer. “No podemos devolveros la vida, pero sí restituiros la dignidad”, ha transmitido la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a las familias de asesinados por la banda terrorista entre los años 1968 y 1979 cuyos crímenes están aún por resolver. Familiares de 86 asesinados por ETA han recibido este viernes los cuadernos de memoria y reconocimiento, que recogen la información que se dispone de estos asesinatos y un documento firmado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el que expresa “solemnemente” el apoyo institucional del Gobierno a sus allegados. Este homenaje sigue la hoja de ruta marcada por el gabinete de Urkullu en favor de la convivencia en Euskadi.
El gobierno Vasco
El acto se ha producido apenas dos semanas después de que el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Renunciara en un comunicado público a los recibimientos públicos cuando salían de la cárcel. Un comunicado en el que también deslizaban que no iban a colaborar con la Justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos sin autoría conocida. La consejera Artolazabal les pidió unos días después que reconsideraran esa decisión de no ayudar a esclarecerlos.
“No sois seres anónimos, conceptos y entelequias a las que ETA quiso borrar de la faz de este país. Sois personas de carne y hueso. Fuisteis injustamente asesinados”, ha proclamado Artolazabal en el acto al que han asistido familiares de una veintena de las 86 víctimas, así como el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz, y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), María Teresa Araluce, entre otros. A comienzos de noviembre pasado, una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acudió a Vitoria para estudiar las circunstancias en las que se han producido los asesinatos con autoría irresuelta y elaborar un informe con sus conclusiones. “Los asesinatos de ETA sin resolver son una asignatura pendiente de la democracia española”, dijo entonces la europarlamentaria de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua.
Aunque los cuadernos solo incorporan los datos públicos de cada uno de los asesinatos de la banda sin autoría conocida y no resueltos por la justicia, ya que el Gobierno vasco no tiene acceso a los expedientes judiciales, el lehendakari ha expresado el compromiso de su Ejecutivo con el avance y la consolidación de las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo. “Se trata de solemnizar un reconocimiento ético y humano” a las víctimas, ha dicho por la mañana en el Parlamento.
Los cuadernos de memoria
Han sido elaborados por el Gobierno en colaboración con la AVT. De las 86 personas asesinadas a cuyos familiares se han concedido los cuadernos —en realidad se han entregado a un representación formada por una veintena de víctimas—, 39 eran de Bizkaia, 38 de Gipuzkoa y 9 de Álava. El Ejecutivo ya trabaja en otro centenar de crímenes similares. En estos documentos, según ha destacado el lehendakari, se incluye “un reconocimiento expreso de la injusticia y el sinsentido” de la violencia padecida por las personas a las que se refiere cada uno de los cuadernos.
Cada uno de ellos recoge en un dosier quiénes fueron, cómo vivieron y cómo murieron las víctimas del terrorismo de ETA entre 1968 y 1979. Así como diverso material gráfico proporcionado por familiares con la ayuda de AVT. Y lleva anexa una acreditación oficial del Ejecutivo autonómico en la que se reconoce expresamente la injusticia y el sinsentido del sufrimiento que padecieron las víctimas. El texto firmado por Urkullu concluye de este modo: “Mantener su memoria contribuye a evitar que algo parecido pueda volver a repetirse”.
Las víctimas del terrorismo de ETA
El Gobierno vasco encargó un informe sobre atentados terroristas que no estaban esclarecidos, cuyos resultados se conocieron en 2014 y en el que se contabilizan un total de 849 personas asesinadas por la banda terrorista, de los que 197 muertes (el 23,20%) estaban sin resolver por estar sobreseídos o archivados por la justicia. La cifra alcanza los 377 asesinatos, según la contabilidad de la asociación Dignidad y Justicia. La Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo la reducen ligeramente a 314. Debido a que descuentan los cometidos antes de la Ley de Amnistía entre 1969 y 1976.
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