El Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta hacen frente común para sortear el freno del Tribunal Constitucional (TC). En una iniciativa muy poco habitual, PSOE, Unidas Podemos y sus aliados en el Congreso registrarán una iniciativa común por la vía de urgencia, una proposición de ley ex profeso para variar el sistema actual de renovación de magistrados del Tribunal Constitucional, según anunciaron fuentes parlamentarias. Esta iniciativa, que supone retocar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, tendrá exactamente el mismo contenido que las dos enmiendas a la reforma del Código Penal cuya tramitación parlamentaria suspendió cautelarmente el Constitucional anteayer después de que el Congreso lo hubiera aprobado el viernes, desatando una crisis institucional sin precedentes. Fuentes del PP anticiparon que no pondrán objeciones de constitucionalidad a este nuevo procedimiento, informa Elsa García de Blas.
El tribunal de garantías, con los votos de la mayoría conservadora, atendió la petición del PP y paralizó el trámite antes de que el Senado diera luz verde definitiva a la norma, en la que las dos enmiendas conducentes a renovar el Constitucional se introdujeron en la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar la malversación sin ánimo de lucro. Ambas medidas beneficiarán a los independentistas encausados por el procés de 2017. Varios diputados del partido de Alberto Núñez Feijóo presentaron un recurso de amparo en el que denunciaban que la tramitación conjunta de normas que no tienen relación entre ellas y además mediante un procedimiento exprés que evita los informes de órganos consultivos vulneraba sus derechos parlamentarios.
La decisión del TC, anunciada el lunes por la noche, fue acatada inmediatamente por las Cortes y por el Gobierno, pero con fuertes críticas. Podemos citó este martes a todas las formaciones de la mayoría de investidura para consensuar una salida y forzar al PSOE a discutir también una posible reforma de la ley para desbloquear el caducado Consejo General del Poder Judicial en lo que queda de legislatura. Los partidos del Gobierno y sus aliados intentaron rebajar el tono de los ataques a la derecha política y judicial de los últimos días, sobre todo tras el inusual choque entre poderes del Estado que ha provocado la ajustada decisión del Constitucional (6 votos contra 5). El Ejecutivo y sus socios se centraron en buscar una solución urgente a esta crisis, que todavía no está cerrada, pero con la idea de aplicarla cuanto antes y con los métodos parlamentarios más tradicionales.
El Gobierno y el PSOE se apresuraron a anunciar que buscaban una nueva fórmula legal que pueda sortear las tachas de inconstitucionalidad. El primero fue el propio presidente, Pedro Sánchez, en una declaración institucional leída a media mañana, y tras él portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Los tres enfatizaron que se usarán todos los mecanismos, medidas e instrumentos necesarios para que se cumpla la ley y la Constitución, se desbloqueen los principales órganos institucionales y se respete la voluntad popular expresada en las últimas elecciones, en 2019. Pero no precisaron más sobre sus intenciones.
La idea más respaldada tanto por los dos socios en el Gobierno como por otras formaciones como ERC, PNV, Más País o PDeCAT era registrar por la vía de urgencia una proposición de ley. Y esa es la solución pactada, según anunciaron a media tarde fuentes parlamentarias, una iniciativa que suscribirán conjuntamente las formaciones del Ejecutivo y sus aliados. El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, enfatizó la importancia de esa imagen de consenso “para que se visualice la respuesta del Congreso a la injerencia del Tribunal Constitucional”.
Las proposiciones de ley son impulsadas por los grupos parlamentarios, a diferencia de los proyectos de ley que firma el Gobierno. Se tramitan y resuelven con mucha más rapidez y no necesitan informes previos de organismo consultivos. Los promotores no descartan incluso que pudiese habilitarse el mes de enero, periodo de vacaciones parlamentarias, para acelerar su aprobación. Fuentes parlamentarias apuntan que la proposición debería ser sencilla y breve, para reproducir en su contenido las enmiendas exprés introducidas y aprobadas la semana pasada como un añadido ajeno al tema principal de otra ley, la reforma del Código Penal. PSOE y UP intentaron así modificar las mayorías necesarias dentro del CGPJ para evitar que el sector conservador, en abierta rebeldía, continúe bloqueando los nombramientos de nuevos magistrados del Constitucional en sustitución de los que tienen el mandato caducado.
Las críticas al TC por parte del Gobierno y su base parlamentaria se suavizaron este martes. El que volvió a insistir en la acusación de “golpe” fue el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique. Este y otros dirigentes de Podemos habían sugerido el lunes que se debería desobedecer al TC. Ayer no insistieron en esa línea, que tampoco encontró eco entre el resto de formaciones a la izquierda del PSOE. “La desobediencia sin plan es un gigante con los pies de barro, es confeti”, alertó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Otros como Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, o Íñigo Errejón, de Más País, tampoco abogaron por esa línea. UP insiste además en otra reforma más radical, la que suprimiría la exigencia de mayoría cualificada para renovar el CGPJ y desactivar así el bloqueo del PP. Echenique lo expuso en una reunión que convocó en el Congreso a la que asistieron ERC, PNV, Bildu, Más País, PDeCAT, BNG y Teruel Existe. La cita -de la que se ausentó el PSOE- no pasó de una “tormenta de ideas”, según el portavoz del PNV, Aitor Esteban.
El Senado resolverá el jueves entre dudas en el Congreso
Salvo nuevos imprevistos, la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición y rebaja las penas por malversación cuando no comporte lucro personal recibirá este jueves la aprobación definitiva del Senado y quedará lista para su envío al BOE. Fuentes de la Cámara alta descartan que el texto se remita de nuevo al Congreso, pese a las dudas jurídicas que suscita el hecho de que el proyecto haya sido modificado en realidad por la resolución del Tribunal Constitucional.
Los proyectos que salen del Congreso se convierten en definitivos tras su paso por el Senado siempre que este no introduzca en los mismos modificaciones vía enmiendas. Normalmente, en el caso de que la Cámara alta acuerde alguna alteración, deben volver al Congreso para que este los ratifique. Pero la situación actual tampoco tiene precedentes en este sentido. El texto que salió de la Cámara baja sufrirá modificaciones, pero no por la intervención de los senadores sino del Constitucional, que ha dejado sin efecto la parte de la reforma que afectaba precisamente al sistema de elección de magistrados para el tribunal de garantías. ¿Debe entonces volver el proyecto al Congreso para su confirmación? Tanto los grupos políticos como fuentes jurídicas consultadas de ambas cámaras muestran sus dudas ante lo inédito del caso, aunque la opinión dominante en los órganos de gobierno de ambas cámaras es que no será preciso en esta ocasión ese viaje de vuelta.
Fuentes oficiales del Senado señalaron que ahora es el TC y no ningún grupo político el que ha retirado y “mutilado” del texto dos disposiciones transitorias y otra dos adicionales, mientras que el resto del proyecto será ratificado por esa Cámara sin ninguna modificación respecto a lo que salió del Congreso. Por ello estas fuentes entienden que el proceso se cerrará en el Senado, opinión que comparte también la mayoría de la Mesa del Congreso, pero que cuestionan otros miembros de ese órgano de gobierno y expertos de diversos partidos, que entienden que “el texto final no es sustancialmente el mismo que votó la Cámara baja el pasado jueves”.
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