El Govern ha aprobado este martes un acuerdo para “proteger jurídicamente” a los docentes ante “los ataques ilegítimos” y la “exigencia de responsabilidad” en referencia a las últimas sentencias que obligan a impartir el 25% de lengua castellana en el aula.
Este objetivo se concreta en poner a disposición del profesorado los servicios de asesoramiento y de defensa jurídica en caso de que lo necesiten. “Lo que queremos es proteger por todos los medios a las personas que trabajan en las escuelas ante los ataques ilegítimos que puedan sufrir”, aseguró en rueda de prensa la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, después del Consell Executiu.
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Plaja admitió que con el acuerdo se busca “institucionalizar” y “formalizar” el compromiso con la defensa del catalán como lengua vehicular en las escuelas que explicitó recientemente el presidente Pere Aragonès o el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.
En menos de un mes, se han producido dos cambios de calado en la cúpula del Departamento de Educación. Este martes, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publica el cese de Mònica Pereña Pérez, hasta ahora subdirectora general de plurilingüismo. El pasado 29 de noviembre, había hecho lo propio con quien fuera su superior, Mayte Aymerich.
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