En la recta final hacia la votación de la Ley de Ingresos 2026, las voces sobre su contenido siguen resonando con fuerza. Recientemente, en un seminario celebrado en la FES Acatlán de la UNAM, se plantearon serias preocupaciones acerca del aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas. Expertos en la materia cuestionaron si este impuesto realmente cumple con los principios fundamentales que debe tener una política fiscal justa: equidad, proporcionalidad y progresividad.
La especialista en Derecho, Elba Jiménez, argumentó que en los diez años desde la implementación de este gravamen, las estadísticas de diabetes y obesidad en el país han experimentado un alarmante aumento, duplicándose en este periodo. Al mismo tiempo, desde la perspectiva económica, se sostuvo que los pequeños comercios que venden refrescos son los más afectados por estos incrementos impositivos, en comparación con las grandes cadenas comerciales, que pueden absorber estas cargas fiscales con mayor facilidad.
Este debate no solo pone de manifiesto la complejidad del sistema tributario, sino también sus impactos en la salud pública y en la economía local. La comunidad académica y los emprendedores locales siguen de cerca esta situación, que podría tener repercusiones significativas en la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Con la votación a la vista, resulta esencial que cada argumento sea considerado y que las decisiones finalicen de manera informada, teniendo en cuenta no solo el impacto fiscal, sino también sus efectos en la salud y la economía de los ciudadanos. La historia se está escribiendo, y su desenlace podría marcar un antes y un después en la política impositiva del país.
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