Una red de contrabando de hidrocarburos ha puesto en jaque al sistema judicial en México, involucrando a varias empresas y personas de relevancia en el sector logístico y aduanal. En este entramado, figuran la empresa naviera Navecopa, las firmas Dersa Oil & Gas e Impulsora de Productos Sustentables (Iprosu), así como la agente aduanal Patricia Guerra Miranda.
Cuatro individuos han sido vinculados a proceso por contrabando en tres cargamentos de combustible, aunque un tribunal colegiado en Veracruz revocó las decisiones iniciales. El contencioso se origina en el desorden administrativo que surgió tras la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) por el presidente López Obrador, sin que el Congreso realizara las reformas necesarias a la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto deja al SAT con funciones de denuncia en papel, mientras que las competencias para hacerlo fueron transferidas a la ANAM.
La Suprema Corte de Justicia ha decidido atraer el caso para clarificar la situación. Si el fallo es desfavorable para el SAT, los acusados podrán ser absueltos, lo que marcaría un cambio significativo en el manejo de este tipo de delitos fiscales.
La investigación, iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2020, fue formalizada hasta 2023 y 2024, y se presentó bajo una modalidad de contrabando que no conlleva prisión preventiva, sin acusaciones de delincuencia organizada ni otros crímenes graves. Esto es llamativo, dado que la cantidad involucrada supera los 166 millones de pesos en comparación con escándalos anteriores, como la red de huachicol fiscal del ex Gobernador Ernesto Ruffo o los 340 millones que el SAT habría perdido a causa del contrabando orquestado por los hermanos Farías.
El enfoque del caso revela que el grupo de Tuxpan introdujo diesel en tres cargamentos significativos. Un buque llamado Akeraios recibió 28.7 millones de litros de combustible, aunque sólo se declaró un volumen de 2.8 millones, resultando en un daño fiscal de 205.3 millones de pesos. Dos de los imputados, Adrián Esteban Hernández Cristóbal y Mario Guijarro Tamayo, están vinculados a Navecopa y Dersa Oil & Gas, respectivamente.
Otra embarcación, la Atlantic Bay, también trajo 28.7 millones de litros, pero solo se asumieron 7.1 millones, lo que conllevó una omisión de impuestos de 173 millones de pesos. Edgar Marín Meza, presidente de Iprosu, fue imputado en este cargamento. Adicionalmente, un tercer buque, cuyo nombre fue censurado en las sentencias, introdujo 31.8 millones de litros, aunque solo se informaron 4.7 millones, causando un daño fiscal de 215 millones de pesos. La agente aduanal Guerra Miranda, quien participó en múltiples cargamentos, también enfrenta imputaciones.
Este caso no solo subraya la complejidad del contrabando fiscal en México, sino que resalta las fallas del sistema administrativo y judicial en la lucha contra este tipo de delitos. A medida que las investigaciones avancen y se clarifiquen las responsabilidades, la atención se centrará en las implicaciones de un posible fallo de la Corte y en las futuras reformas que podrían abordar las lagunas legales existentes.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
