El grupo de expertos que investiga de manera independiente el caso Ayotzinapa, el GIEI, ha desechado una parte crucial de las pruebas del informe de la comisión presidencial, creada en 2018 para participar en las pesquisas. En agosto, la comisión presentó un documento que señalaba el posible destino de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, basado parcialmente en 467 capturas de pantalla de presuntos integrantes de la red criminal de Iguala. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha dicho este lunes que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes”.
Como adelantaba este domingo Columna Digital, en algunos casos, el problema de las capturas de pantalla son a veces la forma de escritura de los presuntos criminales, distinta a la que muestran otras evidencias, principalmente el seguimiento al grupo criminal Guerreros Unidos y sus secuaces que realizó la DEA en esos años. En otros casos no coincide la versión de WhatsApp de las fotos de los mensajes con la que existía entonces. En otros más, no coincidían los datos de las capturas con las fechas de los mensajes.
En su última comparecencia de prensa conjunta, el GIEI, que apuesta ahora por convertirse en un “mecanismo de seguimiento” integrado por dos de sus cuatro expertos, ha insistido en separar el trabajo de la comisión, del que ha realizado estos años la tercera pata investigativa, la unidad especial para el caso de la Fiscalía General de la República (FGR). El grupo ha insistido en que la unidad no ha usado información del informe de la comisión y que, por tanto, sus detenciones no están en peligro.
El mensaje del GIEI venía a cuento por la confusión generada en las últimas semanas, a partir de la última batería de órdenes de captura obtenidas por la Fiscalía, 83 en total, 20 contra personal del Ejército. Militares detenidos y sus abogados han tratado de difundir la idea de que su detención partía del informe de la comisión, en entredicho por la inconsistencia de las 467 capturas de pantalla.
Los expertos han criticado los movimientos del titular de la FGR estos meses, Alejandro Gertz, que forzaron la salida del titular de la unidad de la dependencia para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. En agosto, el fiscal general desplazó a Gómez Trejo de la unidad, delegando parte de su trabajo en la Fiscalía de Asuntos Internos, que además de abrir una investigación interna -una medida de presión, según el GIEI- canceló parte de las 83 órdenes de captura, la mayoría contra militares.
Hasta hoy, la FGR no ha explicado el motivo de cancelación de las órdenes, pero el GIEI y los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han criticado la intromisión tanto de Gertz como del presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuya insistencia en acelerar las investigaciones ha generado desequilibrios y desconfianzas entre los grupos de investigadores. La última consecuencia, la partición del GIEI, como ya ocurrió en el Gobierno anterior.
El más claro al respecto este lunes ha sido uno de los integrantes del GIEI que deja el grupo, el abogado chileno Francisco Cox: “¿Preguntan por qué nos vamos? Primero, no se compartió información con el GIEI”, ha dicho, en referencia a las 467 capturas de pantalla, que la comisión presentó a familias y expertos el mismo día que las hizo públicas, sin verificación alguna.
Cox ha señalado a Gertz. “Otro motivo es la intervención del fiscal general en la UEILCA”, la unidad de la dependencia para el caso Ayotzinapa. “Y luego hubo una reunión para tomar decisiones respecto del caso, como dijo López Obrador”. Así y todo, el GIEI ha suavizado su regaño a la comisión y su encargado, Alejandro Encinas, criticado por columnistas y opinadores en Columna Digital, comparado incluso con Tomás Zerón o Jesús Murillo, los dos encargados del caso con Peña Nieto, hoy acusados de diferentes delitos.
El fiasco de los mensajes no tiene que ver con la verdad histórica, ha dicho la guatemalteca Claudia Paz, en referencia a la narrativa de Zerón y Murillo, que señalaba que los 43 fueron quemados en un basurero, relato elaborado mediante la tortura de decenas de detenidos. “Hemos tenido acceso a todos las capturas y gracias a eso hemos podido hacer el peritaje. Es cierto que conocimos tarde los chats, pero luego tuvimos acceso. Y ciertamente no se ha torturado a nadie para fabricar nada”.
Una de las expertas que se queda, la colombiana Ángela Buitrago, ha alertado del retroceso que ha supuesto la salida de Gómez Trejo, que llevaba desde junio de 2019 en el caso, y la llegada de un nuevo titular a la UEILCA, Rosendo Gómez Piedra, totalmente ajeno a las investigaciones hasta hace dos semanas. A mediados de noviembre, ha dicho, vence el plazo para presentar pruebas adicionales contra detenidos y acusados en agosto, parte del grupo de los 83.
Buitrago ha insistido además en que el Ejército sigue sin entregar información importante para el caso, documentos que reflejan el seguimiento de presuntos integrantes de la red criminal de Iguala en el momento del ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y en días posteriores.
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