En 2011, el gobierno colombiano tomó una decisión histórica al ordenar la creación de un museo nacional con el objetivo de fortalecer la memoria colectiva en torno a décadas de conflicto armado. Este emprendimiento no solo tenía la intención de rendir homenaje a las víctimas, sino también de proporcionar justicia a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada ese mismo año. Con la inauguración programada para 2018, el museo se concebía como un archivo vivo de la violencia que ha marcado a Colombia, utilizando testimonios personales y obras de arte para contar su dolorosa historia.
Sin embargo, para 2024, solo se había completado aproximadamente el 70% de la construcción, dejando a su paso un edificio vacío, con charcos, pisos agrietados y una alarmante falta de medidas de seguridad, como barandillas en las escaleras. Una auditoría gubernamental reveló que cerca de 12 mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 3,1 millones de dólares, no se habían justificado, al tiempo que se advertía sobre la calidad deficiente de los materiales de construcción y el diseño inadecuado del inmueble para resistir sismos.
El proyecto comenzó con una nota positiva en 2015, cuando se llevó a cabo el mayor concurso de diseño del país, donde una propuesta conjunta de la firma colombiana MGP Arquitectura y Urbanismo y la española Estudio Entresitio fue seleccionada entre más de 70 presentaciones internacionales. Su diseño, titulado “Entre la Tierra y el Cielo”, prometía ser un museo y un monumento al mismo tiempo, con espacios interiores que ofrecían la acústica y escala de una catedral.
Sin embargo, a pesar de las expectativas iniciales, el avance sigue siendo desalentador. Contractada para la construcción, la empresa española Obrascom Huarte Lain S.A. ha enfrentado críticas por su historial de escándalos de corrupción en varios países, lo que levanta dudas sobre su idoneidad para este proyecto. A pesar de ello, se firmó un nuevo contrato en 2025 con dos empresas colombianas por cerca de 37 mil millones de pesos para finalizar la obra para 2026. Esto ha despertado escepticismo sobre si realmente se completarán los trabajos a tiempo y dentro del presupuesto.
El museo se plantea como un centro cultural innovador donde se documentarán las violaciones a los derechos humanos mediante testimonios y documentos de diversas fuentes. No obstante, los desafíos son colosales: se estima que el número de víctimas del conflicto armado asciende a 9,8 millones, lo que hace prácticamente imposible una documentación exhaustiva de las atrocidades. Además, la lucha por definir la narrativa oficial sobre lo sucedido sigue siendo polémica, con acusaciones de manipulación de la información por parte de sectores políticos que buscan minimizar su responsabilidad.
El contexto sociopolítico actual, marcado por la reciente elección del presidente Gustavo Petro y el resurgimiento del debate sobre la justicia y la memoria histórica, agrega una capa de complejidad al futuro del museo. La posibilidad de que un nuevo gobierno de derecha busque relega la voz de las víctimas y exaltar el papel del ejército en la historia del país es una preocupación latente que puede influir la integridad de la información que se exponga en el museo.
A medida que la situación evoluciona, queda por ver si el Museo de Memoria de Colombia podrá superar sus problemas iniciales y convertirse en un espacio de reflexión y verdad sobre un capítulo doloroso y aún presente en la historia del país. En un lugar donde el arte se convierte en testigo de los horrores del pasado, el museo es una promesa de que la memoria —así lo reza un banner colgado en su exterior— es sagrada.
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