La Audiencia Nacional ha rechazado investigar las maniobras del comisario jubilado José Manuel Villarejo contra la familia del expresidente catalán Jordi Pujol. El juez Manuel García-Castellón ha descartado que el primogénito del exlíder de Convergència, Jordi Pujol Ferrusola, se persone como perjudicado en el macrosumario del caso Villarejo, pese a que el propio magistrado considera acreditado que el antiguo agente de la Policía Nacional investigó al clan e, incluso, que existen suficientes indicios “de la comisión de hechos delictivos”.
El juez vuelve a marcar así de forma clara los límites de sus pesquisas, dejando fuera la bautizada como Operación Cataluña, una campaña de intoxicación informativa que se gestó en época de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior y que tenía como blanco a diferentes dirigentes independentistas. Según subraya García-Castellón en un auto firmado el pasado jueves, la documentación recabada por los investigadores ha permitido confirmar varias actuaciones emprendidas por Villarejo contra el clan Pujol. Pero, según añade el instructor, una parte de ellas se enmarcaban dentro de su actuación policial y otras, que presentan indicios de delito, ya se investigan por las autoridades de Andorra.
Secreto de Estado
El juez explica que, tras analizar la documentación y audios incautados a Villarejo, no se ha detectado ningún encargo privado hecho “a cambio de un precio” por un cliente particular. En cambio, el magistrado incide en que constan “numerosas evidencias” sobre la captación por parte del agente de “información de interés policial (principalmente, manejo de fuentes humanas) en relación a posibles casos de corrupción vinculados a la familia Pujol, así como de ‘cuentas donde en los últimos años han ingresado comisiones a la familia Pujol”. La Operación Cataluña se encuentra declarada secreto de Estado.
Esta decisión del juez inflige un duro golpe al clan Pujol, que todavía tiene pendiente en la Audiencia Nacional el juicio sobre el origen de la fortuna que ocultaban en Andorra, donde la Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresidente y 29 años para su hijo mayor. La familia buscaba en el caso Villarejo un arma de defensa más para esa vista oral, ya que tiene previsto pedir la nulidad de todo el caso Pujol, apoyándose para ello en la Operación Cataluña y las maniobras de la policía patriótica.
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