Joaquín Gadea, juez de refuerzo de la Audiencia Nacional, ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue los presuntos pagos que recibieron de Venezuela algunos fundadores de Podemos, según ha avanzado El Mundo y han confirmado fuentes jurídicas. El magistrado toma esta iniciativa después de que Hugo Armando Carvajal, más conocido como El Pollo Carvajal, quien fuera jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014, asegurase que Columna Digital sudamericano transfirió 142.000 dólares en 2013 —a través de la empresa Viu Comunicaciones— a la exdiputada Carolina Bescansa, y a los sociólogos Jorge Lago y Ariel Jerez.
Además, el juez también ha encargado a la UDEF diligencias encaminadas a investigar supuestos cobros de Juan Carlos Monedero y su presencia en la nación caribeña. Estas medidas se enmarcan dentro de una causa sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, que fue archivada en 2016 y reabierta este octubre tras las declaraciones del Pollo Carvajal. En las últimas semanas, el militar venezolana ha aportado a la Audiencia Nacional varios documentos para tratar de sostener sus acusaciones. Según fuentes jurídicas, también afirmó que facilitaría una lista de testigos que podrían verificar también sus palabras —el magistrado Manuel García-Castellón, responsable del Juzgado Central de Instrucción 6, donde se investiga este caso, tenía previstos llamarlos bajo la figura de “testigos protegidos”—.
Desde que se reabrió esta causa, Podemos ha calificado las declaraciones de Carvajal como meras “difamaciones”. “Hay tantas informaciones en este tiempo que han salido sobre supuesta financiación irregular de Podemos o sobre otras cuestiones… Todo esto solo sirve para que se haga una campaña contra Podemos”, dijo Isabel Serra, coportavoz estatal del partido. “Tratan de aparentar algo ridículo: que es una comparación entre la corrupción del PP, que tanto daño ha hecho, con Podemos. Son fabricaciones. Todo esto acabará en nada”, remachó.
La causa reabierta se remonta a 2016, cuando un partido llamado Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España presentó una querella contra Podemos, su cúpula directiva y contra Pablo Iglesias por los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito fiscal y blanqueo de capitales. Tras analizar el caso, el magistrado Alejandro Abascal decidió archivarlo al calificar la denuncia como “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa en las que se atribuye a los denunciados y a otras personas recibir cantidades de dinero de paraísos fiscales o países de riesgo a través de la empresa 360º Global Media, propiedad supuestamente de un ciudadano iraní, y ello a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales”.
Las acusaciones de Carvajal se produjeron después de su captura tras permanecer casi dos años fugado de la justicia española y como intento para frenar su extradición a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su entrega se encuentra actualmente paralizada, a la espera de que Washington envíe garantías por escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el trato que recibiría Carvajal de ser puesto en manos del Departamento de Justicia.
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