El magistrado Juan Rollán, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca, ha imputado al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, en una causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal de la formación durante el proceso de primarias en 2017 que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El magistrado les ha citado a declarar como investigados ―figura equivalente a la de imputado― el próximo 30 de diciembre al encontrar “indicios racionales” de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal del partido. El instructor considera que se pagaron las cuotas de afiliados a la formación con 24.140 euros “sin justificar” y lo califica como “donación anónima ilegal”.
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Tras conocerse la imputación, el Partido Popular de Salamanca ha insistido a través de un comunicado en que todos sus cargos ha respetado siempre la legalidad vigente y ha manifestado su “disposición total y absoluta a colaborar con la justicia”. La formación salmantina ha recordado que la citación para declarar como investigados “no supone un pronunciamiento de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna”. El presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado este miércoles en Valladolid que su partido ofrece la “colaboración máxima con la justicia” y se ha remitido al comunicado del PP de Salamanca. El PP nacional también se ha remitido al comunicado del PP de Salamanca, al igual que Mañueco esta mañana.
El Juzgado cuestiona los diferentes métodos de recaudación
El juzgado de instrucción investiga cómo se recaudaron unos 61.900 euros y pagaron cuotas pendientes de 4.900 afiliados en la provincia de Salamanca para que tuviesen derecho a voto en un proceso interno celebrado en marzo de 2017 y al que se presentaba Mañueco, entonces alcalde de Salamanca. En el auto de este miércoles, el magistrado detalla que la gerente de la formación en Salamanca certificó que entre el día 31 de diciembre de 2016 y el día 17 de marzo de 2017 se amortizó una deuda de 61.937 euros a través de distintos mecanismos de ingreso bancario.
Destaca una partida de 41.490 euros que se abonó mediante la contribución de “cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente” en el pago de las cuotas de “afiliados morosos” y dentro de esa cantidad se incluye, según el auto, 24.140 euros cuya aportación “queda sin justificar” y que el magistrado califica como “donación anónima ilegal”. Las donaciones anónimas a partidos políticos están prohibidas en el artículos 5 de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.
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