Brahim Gali, líder del Frente Polisario, podrá salir de España. El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, ha rechazado este martes todas las medidas cautelares solicitadas contra el militar, incluida la entrada en prisión provisional y la retirada del pasaporte. El magistrado ha adoptado esta decisión tras tomar declaración como imputado al también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que ha comparecido por videoconferencia desde el hospital de Logroño donde se encuentra ingresado por coronavirus desde mediados de abril. Durante el interrogatorio, Gali ha negado los delitos que se le atribuyen, según fuentes jurídicas.
A preguntas de la Fiscalía y de su abogado, el líder saharaui ha defendido su inocencia y ha rechazado los hechos que se le imputan en las dos denuncias cursadas contra él: una del bloguero Fadel Breica, de nacionalidad española, que lo acusa de torturas y detención ilegal en los campamentos de Tinduf en 2019; y otra de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), que le atribuye delitos de genocidio y lesa humanidad contra disidentes saharauis y prisioneros de guerra en las últimas décadas. “[Este martes], se ha demostrado que son falsos los hechos que son objeto de acusación”, ha resumido Manuel Ollé, abogado de Gali, tras la declaración.
La cita de este martes ha generado una enorme expectación internacional. Marruecos y España se encuentran inmersos en un conflicto diplomático, que dio un salto cualitativo esta semana. Después de que, durante casi un mes, Columna Digital africano repitiese en público que su malestar con La Moncloa se debía a la acogida de Gali para su atención sanitaria —tiempo que incluyó la crisis fronteriza en Ceuta, cuando los agentes marroquíes hicieron la vista gorda y permitieron la entrada irregular en la ciudad autónoma de más de 9.000 inmigrantes—, Rabat emitió este lunes un comunicado donde admitía que el problema detrás de estas tensiones se encuentra realmente en la posición de España respecto al Sahara Occidental..
En esa línea se ha pronunciado Ollé: “Gali ha dicho que esta querella tiene un motivo político para minar la dignidad y credibilidad del pueblo saharaui, así como su lucha en el camino a la autodeterminación que le corresponde como territorio”. En los últimos días, Marruecos ha intensificado la campaña contra el Polisario y ha puesto la diana en su líder, con el objetivo de “criminalizarlo” y aislar internacionalmente al movimiento, según fuentes diplomáticas. Rabat da por hechos los graves delitos que se atribuyen a Gali, mientras que el juez y la Fiscalía han mostrado sus reticencias al no apreciar “indicios claros de participación […] en las conductas recogidas en la querella”.
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