La Cámara de Representantes de EE UU aprobó este viernes, tras meses de tensión, un ambicioso plan de gasto social que aspira a conformar buena parte del legado de Joe Biden como presidente en el ámbito interior. Las cifras y la narrativa de reconstrucción resuenan en el New Deal de los años treinta. En total, son más de 1,75 billones de dólares (1,55 billones de euros), que incluyen la expansión de la sanidad pública, 18.000 millones para educación infantil pública, 150.000 millones para cuidados de mayores dependientes, 200.000 millones para bajas laborales pagadas, 150.000 millones para vivienda accesible o más de 500.000 millones para iniciativas contra el cambio climático. Este último capítulo llega dos semanas tarde.
La falta de acuerdo para su aprobación impidió a Biden liderar con credibilidad la Cumbre del Clima de Glasgow y exigir grandes compromisos a otros. El gasto se paga con una subida de impuestos que, según la Casa Blanca, no afectará a la clase media. De aprobarse en su integridad, millones de norteamericanos experimentarán por primera vez algo vagamente parecido a un Estado social europeo. Nancy Pelosi lo llamó “el pilar de la seguridad sanitaria y financiera en América”.
Impulso político
Si bien la ley aún corre peligro, la aprobación parcial supone un poderoso impulso político para apuntalar a Biden en un momento de caída de popularidad preocupante, y produce un cambio de atmósfera instantáneo del que estaban muy necesitados los demócratas, que prometieron mucho a los votantes para conseguir la Casa Blanca y la mayoría en ambas Cámaras. Acertadamente, su último eslogan es: “Hora de cumplir”. Biden advirtió a sus legisladores que toda la presidencia dependía de este momento. Si se suma el plan de gasto social al gigantesco plan de infraestructuras aprobado la semana pasada (1,2 billones de dólares ―1,06 billones de euros―) y a las ayudas directas por la crisis de la covid-19 (1,9 billones), la Administración de Biden habrá regado la economía con cerca de cinco billones de dólares (cuatro veces el PIB de España) en su primer año.
Con un empate en escaños y una radical oposición republicana, los demócratas no pueden perder ni un voto en el trámite del Senado que ahora comienza. El plan inicial, impulsado por el ala progresista, ascendía a 3,5 billones de dólares. Fue rebajado sustancialmente por la oposición de dos senadores autodenominados moderados, Joe Manchin y Kyrsten Sinema. No se han comprometido aún a votar a favor. Pero los demócratas y el presidente han dado por terminada la negociación gruesa. Sería muy arriesgado empezar el año electoral de 2022 con esto pendiente. Manchin y Sinema tienen ahora que caminar por la estrecha línea que separa el legítimo escepticismo (al fin y al cabo, representan a electorados nada progresistas) y el boicot al presidente más votado de la historia.
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