Pablo Casado no se mueve. El líder del PP ha decidido resistir a la presión del Gobierno y atrincherarse en sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que cumple mil días de parálisis. El jefe de la oposición impone al PSOE sus exigencias para pactar, y no tiene intención de renunciar a ellas, según transmite.
Este martes, desde Barcelona, donde ha moderado una mesa redonda sobre Cataluña, Casado ha devuelto un mensaje contundente a los socialistas, quienes ayer lanzaron una campaña en las redes sociales para denunciar que el PP bloquea la renovación de las instituciones. “Y ahora pretenden seguir politizando el Consejo General del Poder Judicial”, ha afirmado. “Abandonen toda esperanza. Nosotros no vamos a contribuir a esa politización del Consejo General del Poder Judicial. Y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces, como pide la Constitución y el Consejo de Europa”.
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Ese “abandonen toda esperanza” refleja que el PP no piensa dar su brazo a torcer. Casado condiciona un pacto con los socialistas a que estos acepten una reforma en el sistema de elección de los 20 vocales del Poder Judicial para que los 12 vocales que, según la Constitución, proceden de la judicatura sean elegidos directamente por los jueces, y no por las Cortes como sucede ahora. El PP quiere terminar con la “politización” del consejo, tal y como asegura Casado, aunque al no participar de su renovación también se mantiene su composición politizada, según la visión del PP, solo que con unos vocales elegidos por la mayoría conservadora previa al Parlamento actual.
Los populares aceptan que el pacto para sacar del bloqueo al CGPJ se haga siguiendo el sistema vigente, pero quieren garantías de que a la vez se aprobará una reforma para cambiarlo. Bruselas sugirió en julio que la mitad de los 20 miembros del órgano de gobierno sean elegidos por jueces. Esta condición del PP se suma a otras que el partido conservador puso encima de la mesa en los últimos intentos de renovación: que Unidas Podemos quede fuera del acuerdo y que entre los nombres de los jueces no figure el de José Ricardo de Prada, el magistrado que sentenció el caso Gürtel.
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El PP no espera “nada” de la reunión esta semana para abordar el asunto con la ministra de Justicia, Pilar Llop, según transmiten fuentes de su dirección, porque “más allá de la propaganda del Gobierno, no ha habido contactos” previos. Las negociaciones están congeladas desde que saltaron por los aires el pasado febrero, y el curso político arranca sin que el PP se mueva un milímetro. El partido conservador asegura que la pelota está en el tejado del presidente del Gobierno. “Pedro Sánchez puede desbloquear mañana mismo el CGPJ si avanza en la reforma”, enfatiza un miembro del comité de dirección de Casado.
Las mismas fuentes transmiten indiferencia por que este asunto se mantenga bloqueado incluso toda la legislatura, aunque el órgano de gobierno de los jueces tiene el mandato caducado desde el 4 de diciembre de 2018. Que se agote la legislatura o no con las altas instituciones sin renovar “lo tiene que decidir Sánchez”, afirman en el PP. Los populares aseguran que tienen “disposición al acuerdo, pero no a cualquier precio”. Y la tesis en la dirección de Casado es que sus votantes entienden su posición y, por tanto, mantenerla no les pasa factura. En el PP creen, además, que la renovación de las instituciones no es un tema que preocupe a los españoles, a diferencia de la subida del precio de la luz, donde el partido conservador prefiere poner el foco de desgaste al Ejecutivo.
