El ginecólogo Jesús Luján intenta salir de prisión mientras enfrenta un proceso judicial que lo ha llevado al Reclusorio Sur de Ciudad de México, donde está acusado de “práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa”. Luján, quien se había mantenido prófugo durante casi un año, regresó a México el 11 de diciembre de 2025 tras ser deportado por Estados Unidos. Un día después, un juez le impuso prisión preventiva justificada, medida que el médico busca anular en su demanda de amparo. Abogados de las víctimas sostienen que Luján intenta evadir la justicia.
Los problemas de Luján, quien se convirtió en un referente en la gineco-obstetricia mexicana por su enfoque en el “parto humanizado”, comenzaron mucho después de que sus pacientes vivieron situaciones traumáticas. Las denuncias en su contra abarcan el periodo desde 2006 hasta 2023, cuando se desató el escándalo que lo llevó a prisión. A pesar de las críticas, su popularidad creció, llevando a una expansión de su clínica y a la fundación de un hospital y un laboratorio de fertilidad.
Las acusaciones en su contra surgieron en 2023, tras una investigación que reveló graves mala prácticas. Desde entonces, cinco pacientes denunciaron sus acciones a la Fiscalía de Ciudad de México, lo que resultó en la clausura de su consultorio en diciembre de 2023 y la emisión de una orden de captura en marzo de 2024. Luján logró evadir la justicia temporalmente, pero eventualmente fue localizado por el ICE en Estados Unidos, donde enfrentó problemas migratorios antes de ser deportado a México.
A medida que avanzaba el caso, el 12 de octubre de 2025, tras una extensa audiencia, Luján fue vinculado a proceso, y el juez dictó prisión preventiva, considerado un riesgo para las víctimas y el avance del proceso. A pesar de que en un inicio apeló esta decisión, optó poco después por presentar un amparo, buscando una suspensión que le permitiera la libertad. Sin embargo, esta estrategia generó reacciones de apoyo entre las pacientes afectadas, quienes ven en este caso una oportunidad para que se garantice justicia y se visibilice la violencia obstétrica.
La situación jurídica de Luján sigue evolucionando. Recientemente, su solicitud de libertad bajo amparo fue denegada, y se espera que el 12 de febrero de 2026 se lleve a cabo una audiencia definitiva que determinará si permanecerá en prisión o si obtendrá su libertad. Las víctimas, organizadas en colectivos, celebran cada avance en el proceso, enfatizando la necesidad de protección y justicia en un contexto donde situaciones de violencia de género y mala práctica médica continúan siendo un desafío crítico en el país.
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