Las tecnologías son factores de inclusión y exclusión. La brecha digital en España potencia las desigualdades sociales y aleja a los más vulnerables de los trámites administrativos digitales, por ejemplo. El motivo principal es que, en una sociedad extremamente digitalizada, las personas que no acceden a este sistema quedan cada vez más lejos de poder realizar tareas esenciales para su función personal y social, según muestra un estudio dado a conocer hoy por la Fundació Ferrer i Guardia. Además, el estudio también desmiente la percepción de que la covid-19 ha disminuido esa brecha: solo una cuarta parte de la muestra cree que sus habilidades digitales han mejorado tras la pandemia. Este número desciende a uno en cada diez al fijarse en los grupos vulnerables digitalmente, como los que tienen poca formación educativa, menor renta y son mayores de 65 años.
Sandra Gómez, coordinadora de la investigación, explica a Columna Digital que no es una cuestión meramente tecnológica o de infraestructura, sino que va más allá y se trata de la capacidad y posibilidad de hacer un uso benéfico de los dispositivos y de la internet. “Hay una serie de cosas que no se pueden ejecutar, y habilidades que no se pueden desarrollar, si la persona no tiene acceso al dispositivo”, afirma la investigadora. El informe concluye que solo un 16% de las personas con ingresos inferiores a 1.100 euros tienen un portátil o sobremesa, un número que asciende a 56% para los que tienen ingresos superiores al los 3.900 euros. Realizada con 2.500 residentes en España a partir de 16 años, la encuesta se llevó a cabo vía teléfono a un nivel estatal y muestra que un 91,6% de la población tiene acceso a la conexión a internet, sea de manera fija o a través de datos móviles. Aun así, la brecha de acceso todavía no está superada.
Poseer el dispositivo es esencial, pero el punto clave del estudio está en el empleo y aprovechamiento de esos medios, es decir, la capacidad y posibilidad de usar las tecnologías de la información para ejercer diferentes funciones en el día a día, como informarse, efectuar trámites, acceder a servicios, estudiar y trabajar. “Afecta a absolutamente todas las esferas de la vida: las relaciones personales, pedir una cita, hablar con la escuela de los hijos, el tipo de contenido que consume”, ejemplifica Gómez y añade: “Las desigualdades sociales que ya conocemos se reproducen y se retroalimenta en el entorno digital”.
Brechas y brechas
Existe la brecha de género y la generacional. Pero los factores que más inciden son “los niveles de estudios y económico”, según insistió durante la presentación del trabajo el profesor de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Robles. El 68% de las personas que no han completado los estudios primarios nunca ha usado internet, mientras el grueso de personas que disponen de estudios secundarios y superiores la utilizan a diario.
La formación educativa muestra también la capacidad de realizar tareas administrativas: mientras que el 88% de las personas sin estudios no ha realizado nunca o casi nunca trámites como pedir citas y hacer transferencias por sí mismas, alrededor de un 80% de los que tienen estudios secundarios o estudios universitarios sí los realizan esporádicamente. Es el punto dónde se ha producido un gran abismo digital, debido al rápido proceso de transformación digital de las administraciones públicas y otros servicios. Por eso, el estudio concluye que la realización de trámites digitales “constituye el uso digital en el que se ha percibido una mayor necesidad de mejoría”.
La realización de trámites digitales “constituye el uso digital en el que se ha percibido una mayor necesidad de mejoría”
La edad resulta especialmente llamativa al analizar la capacidad de comprobar la veracidad y fiabilidad de la información que encuentra en la red, además de los aspectos relacionados con la formación educativa. El perfil de inclusión digital baja se caracteriza por una mayor presencia de mujeres (63%), con una edad superior a los 65 años (59,5%), jubilados/as (61%); con ingresos inferiores a los 1.100€/mes (32%) y con estudios primarios (35%). En este grupo, casi el 90% no dispone de ninguna de las competencias para resolver problemas a través de la internet; solo alrededor de un 20% pueden comprobar la veracidad y fiabilidad de la información que encuentra; menos de un 10% saben decir si las webs que consulta son seguras; y cerca del 90% no ha usado nunca la tecnología para la ofimática ni han expresado su opinión en procesos participativos (consultas, peticiones, votaciones, etc.) a través de internet. “El ámbito digital aumenta las desigualdades, porque aquellos más posicionados sacan mejor rendimiento del internet, y los menos posicionados sacan menor”, asegura Robles.
Estas dificultades generan sensación de rechazo. El 27% del grupo con menores capacidades considera que se ha sentido excluidas con cierta frecuencia, porque no han sabido, querido o podido utilizarlas en alguna ocasión. Además, un 42% afirma que la mayor dificultad es no tener a alguien alrededor para ayudar en el manejo de las tecnologías.
Del otro lado, el perfil de inclusión digital alta es casi paritaria (53% de hombres); con una edad entre los 30 y los 44 años (40%); con ingresos entre los 1.800 y 2.700€ (22,5%) y con estudios superiores (54%). Son los que, además de emplear de los beneficios de la red, son capaces de entender los riesgos que presenta.
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