Ecuador no tiene ni espacio ni dinero ni control suficiente para tener a casi 40.000 personas encerradas en sus cárceles. El último motín en la prisión de Guayaquil elevó el récord de muertos a 118 en un solo enfrentamiento, con decapitaciones y descuartizamientos difundidos por vídeo, y oficializó un problema estructural sobre las limitaciones de la gestión penitenciaria y la permeabilidad de las bandas criminales en el territorio nacional. Los internos de un bloque aniquilaron a sus rivales de otro pabellón en un intercambio con pistolas, escopetas, fusiles y hasta granadas. Hace tres años, en cambio, los amotinamientos en los centros de privación de libertad ecuatorianos eran anecdóticos.
La ola de violencia despertó en 2019. Antes de esa fecha las muertes violentas de presos rondaban la decena. Este año, van 230 muertos, tres masacres y un aumento de los asesinatos en las calles del país que crece en paralelo. Los enfrentamientos entre internos se alimentan de dos ingredientes principales: la presencia cada vez más visible en el día a día de los ecuatorianos de bandas relacionadas con el narcotráfico y la insuficiente infraestructura carcelaria. Lo han reconocido todos los ministros y responsables de la gestión carcelaria que han enfrentado episodios de crisis en las cárceles en los últimos dos gobiernos.
La presión contra el crimen organizado se incrementó reduciendo las rutas del narcotráfico, apunta un exfuncionario de alto rango conocedor de la política de seguridad, que relaciona el acuerdo que Ecuador firmó con la DEA estadounidense en 2018 y la reactivación de los vuelos antidroga al aumento de las incautaciones y de la tensión en las cárceles.
Varias cifras apuntalan la tesis de la presencia y cada vez mayor visibilidad del narcotráfico en Ecuador que desde 2003 está en la lista de Estados Unidos de países de tránsito o productores de droga. Los encarcelados por estos delitos eran 2.350 en 2015 y ahora rozan los 8.000. La población carcelaria, en general, creció de 27.000 internos en ese mismo 2015 a más de 40.000 en 2019. Ahora hay 38.700, cuando en todo el sistema penitenciario hay solo capacidad para 30.000.
Es decir, el hacinamiento es del 28% de media en las cárceles y en la que se produjo la masacre de esta semana, es del 62%, según el director de prisiones. Ese indicador se disparó tras la aprobación de un nuevo Código Penal en 2014 que endurecía las penas y creaba nuevos delitos como el de la introducción de artículos prohibidos a las cárceles. A lo que se añade que más del 40% de los encarcelados no tiene ni siquiera sentencia. Están siendo procesados pero no han recibido condena.
A la par se han disparado las muertes violentas en las calles y la cantidad de droga requisada por la policía. En 2018, los homicidios no llegaban a 1.000 al año en todo el país y la cifra ha ido creciendo año a año hasta los 1.427 asesinatos anotados este 2021 en nueve meses, con varios episodios de sicariato a plena luz del día y en zonas residenciales de Quito y Guayaquil, las dos grandes ciudades del país.
En paralelo, las 82,2 toneladas de estupefacientes incautadas en 2019 llegan ahora a 116,6 en lo que va de año. La misma fuente de seguridad apunta a la pugna entre cabecillas de la banda criminal más grande que opera en Columna Digital, la de los Choneros y sus ramificaciones, de los enfrentamientos en la cárcel de Guayaquil. “Es una disputa interna por el liderazgo”, añade, recordando que su líder fue asesinado en diciembre de 2020 tras salir en libertad, y meses después ocurrió lo mismo con su abogado.
La explicación del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, a esta escalada de violencia, inseguridad y motines en las cárceles está en la política laxa de persecución de los gobiernos anteriores. “El mismo 24 de mayo a las 9 de la noche -día de su posesión como mandatario- tuve una reunión del Consejo de seguridad del Estado y pude conocer lo que califico como una acción deliberada de los últimos dos gobiernos”, acusó el jefe de Estado, en referencia a los periodos de Rafael Correa y Lenín Moreno. “No había radares para el control aéreo en Manabí y Santa Elena -dos provincias costeras- y eso casa con todas las noticias sobre avionetas accidentadas llenas de áreas y armas. Son vuelos que vienen a recoger droga y se lo llevan al exterior”, denunció.
Según la interpretación presidencial, los enfrentamientos en las cárceles es un mensaje de las bandas para que el Gobierno se siente a negociar para tener paz en las calles. “Es lo último que vamos a hacer”, aseguró antes de la reyerta de la Penitenciaría del Litoral que se salda con los 118 muertos, 80 heridos y con cinco días de intervención policial y militar para requisar objetos prohibidos como tres pistolas, 435 municiones, 25 cuchillos, tres artefactos explosivos y dosis de droga. Este sábado, mientras los equipos especiales continuaban avanzando por los pabellones, volvieron a escucharse detonaciones en el interior del penal.
