El Congreso peruano ha aprobado este jueves el nuevo Gabinete de Pedro Castillo tras una apretada votación. El debate de investidura se ha prolongado desde el lunes de la semana pasada, cuando fue interrumpido por la repentina muerte de un congresista, hasta esta noche. La primera ministra, Mirtha Vásquez, ha apelado a la responsabilidad del Congreso para que el Gobierno pueda atender las urgencias en educación, salud y empleo. “Estamos hartos de esta política de choque”, ha dicho la abogada a un Parlamento habituado a la obstrucción.
El gabinete necesitaba 64 votos —la mayoría simple del total de asistentes— para ser ratificado, y ha logrado 68 a favor, 56 en contra y una abstención. Entre los que le negaron la confianza al nuevo Gobierno, 16 pertenecen a la bancada de Perú Libre —el partido del ultraizquierdista Vladimir Cerrón, con el que llegó a la presidencia Castillo—. Con este rechazo mostraron su incomodidad con la izquierda moderada que representa el Gobierno de Castillo. Durante el debate, Margot Palacios, una de las congresistas de esa facción de Perú Libre ha descalificado al gabinete llamándolo “fondomonetarista y antilaboral”. Los otros grupos políticos que votaron en contra fueron el fujimorista Fuerza Popular, el derechista Avanza País, y algunos parlamentarios del ultraderechista Renovación Popular.
Uno de los congresistas del partido en el Gobierno opuestos a la investidura fue Guido Bellido, el hombre de confianza de Cerrón y ex primer ministro, a quien Vásquez reemplazó el 6 de octubre. Castillo tuvo que obligar a Bellido a presentar su dimisión, después de una serie de declaraciones no consultadas con el Gabinete de ministros que minaron la confianza empresarial, incluida una amenaza de expropiación al consorcio que opera el gas de Camisea, el principal yacimiento del país andino.
El gabinete de Vásquez y Castillo ha llegado la mañana del jueves al Congreso con un nuevo ministro de Interior, quien tomó juramento 30 minutos antes de la hora de inicio del pleno en el hemiciclo. El ex fiscal supremo Avelino Guillén ha reemplazado a Luis Barranzuela, el exabogado de Bellido y Cerrón, quien dimitió después del escándalo que se generó el lunes, cuando la prensa informó que había celebrado una fiesta por el día de la canción criolla y Halloween, pese a que estaban prohibidas por medidas sanitarias.
Guillén fue el magistrado que investigó y acusó al autócrata Alberto Fujimori por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el destacamento del Ejército Colina en 1991 y 1992. Como fiscal logró la condena de 25 años de prisión del expresidente por crímenes considerados de lesa humanidad. El jurista respaldó a Castillo durante la segunda vuelta electoral entre mayo y junio últimos, y participó en un debate electoral como miembro del equipo técnico del entonces candidato de Perú Libre.
En el debate de este jueves, las bancadas de oposición han reiterado cuestionamientos que ya habían expresado el lunes pasado, acusando al Gobierno de Castillo de designar a personas sin idoneidad en altos cargos. También han criticado los mensajes contradictorios del Ejecutivo que desestabilizan los mercados, como cuando Bellido planteó “recuperar” el gas del Camisea si el consorcio no aceptaba renegociar el porcentaje de regalías que paga al Estado. Incluso el jefe de Estado que ha asegurado reiteradas veces que respeta la propiedad y las inversiones privadas comentó hace un par de semanas que “nacionalizarían” el gas.
A los pocos minutos, el ministro de economía, Pedro Francke, tuvo que precisar que “nacionalizar” significa “ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de los compatriotas del sur”. El Gobierno pretende terminar de construir una infraestructura para que el combustible llegue a precios baratos a las regiones más cercanas al yacimiento, pues no hay distribución para ellos. Actualmente, el consorcio privado que lo opera exporta el gas a Asia y Europa.
Responsabilidad del Congreso
Vásquez ha respondido las críticas y ha agradecido la expresión de diferencias, pero también ha hecho notar al Congreso que si rechazaba la investidura afectaría a una sociedad duramente golpeada por la pandemia. “Necesitamos partir. Estamos realmente enfrascados en un problema: no nos dejan partir. Tenemos que corresponder con una ciudadanía que ha pasado la peor crisis de la historia”, ha invocado la primera ministra.
“Somos un gabinete que queremos construir. Acepto tanto las expresiones de apoyo como las de oposición a las políticas que este gabinete les puede plantear. No pretendemos quedar bien con todos, pero debemos tener apuestas con los que están afuera, con los que nos ven, con los que esperan algo de ustedes, y de este gobierno”, ha dicho al Congreso. El Legislativo tiene un 75% de desaprobación, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos difundido el domingo último.
En el debate, el ministro de Economía, Pedro Francke, ha reiterado la necesidad de que el Parlamento delegue facultades al Ejecutivo para aprobar una reforma tributaria que permita resolver las demandas en educación, salud y reactivación económica. La primera ministra ha añadido que, como Gobierno de izquierda, no pueden eximirse de buscar “justicia social y cambios estructurales”, y que por ello si surgieran propuestas de la ciudadanía para una nueva Constitución, corresponderá al Congreso y al Ejecutivo permitir que se debatan. “No nos asustemos con las reformas”, ha añadido.
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