El nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, diseñado por el Gobierno de coalición con carácter por ahora temporal, afectará principalmente a la inversión que los altos patrimonios de España tienen depositada en gestoras de fondos y Sicavs y en acciones empresariales. El tributo también estará enfocado, aunque en menor medida, hacia los bienes inmuebles urbanos y los depósitos bancarios. Así lo muestran los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de los que se puede extraer una radiografía de la estructura del patrimonio bruto por tramos de base imponible.
La estadística de Hacienda desglosa las cifras del tradicional impuesto sobre el patrimonio, un tributo que por regla general tienen que declarar los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 700.000 euros, excluyendo 300.000 euros de la vivienda habitual. El nuevo impuesto a los ricos, que nace para anular las bonificaciones al 100% en Patrimonio que aplican comunidades autónomas como Madrid, funcionará previsiblemente con el mismo esquema que la figura original, por lo que, según fuentes conocedoras, todo hace indicar que gravará los mismos bienes y derechos que el tributo inicial, manteniendo las mismas deducciones y exenciones.
La única diferencia entre las dos figuras es que mientras que Patrimonio entra a funcionar con carácter general desde los 700.000 euros de riqueza (aunque hay autonomías que bajan algo el listón), el nuevo tributo lo hará a partir de los tres millones de euros. Es este punto el que determina el tipo de bienes y derechos que más pesarán sobre la base imponible del nuevo impuesto.
En España, dentro de los contribuyentes de mayor riqueza neta, hay una gran brecha entre los que tienen hasta tres millones de euros y los que sobrepasan los cuatro millones. En el primer grupo, que no se verá afectado por el nuevo tributo, la estructura del patrimonio depende principalmente del inmobiliario, en un margen que oscila entre el 31,7% y el 43,1%. Sin embargo, en el segundo, ya afectado por el nuevo gravamen, la mayor parte de la riqueza se localiza en las acciones y en gestoras de fondos y Sicavs en una proporción que oscila entre el 29% y el 55,6%. Por su parte, los contribuyentes que están entre los tres y los cuatro millones, a los que también afectará el nuevo impuesto a la riqueza, se mueven entre dos aguas: tienen un 27% de su patrimonio en inmuebles urbanos y un 26,5% en instituciones de inversión colectiva.
El inmobiliario y los valores de renta variable son los bienes que mejor explican la brecha entre los patrimonios menos y más acaudalados, según los datos de Hacienda correspondientes al año 2020. A partir de los 700.000 euros, la participación de los inmuebles urbanos disminuye sistemáticamente a medida que aumenta la riqueza, desde el 43,2% para los patrimonios comprendidos entre 700.000 y un millón de euros, hasta el 1,7% para los superiores a 100 millones de euros.
Por su parte, el peso de los activos de renta variable –compuestos por participaciones en el capital social o en los fondos propios de entidades jurídicas distintas de las instituciones de inversión colectiva–, se incrementa a medida que crece el valor del patrimonio neto declarado. La participación mínima se dio en los patrimonios no superiores a 700.000 euros, donde el peso de estos valores fue del 10,7%, y la máxima, el 55,6%, para patrimonios superiores a 100 millones de euros.
Otros elementos como los inmuebles rústicos, los bienes y derechos afectos a actividades económicas, los seguros de vida y los valores de renta fija (bonos corporativos o de la administración), tienen sin embargo un peso relativamente homogéneo en todos los tramos de patrimonio.
En cuanto a las deudas deducibles en el impuesto, según muestran los datos, se aprecia una elevada concentración en los patrimonios netos iguales o inferiores a 700.000 euros, donde el pasivo tiene un peso del 18,4%. Para los patrimonios superiores a dicha cantidad, las participaciones relativas se sitúan entre el 5,4% y el 2%, correspondiendo este último porcentaje a los patrimonios netos mayores de 100 millones. En consecuencia, las bases imponibles oscilaron entre el 86% en los patrimonios de menos de 700.000 euros y el 98% para las riquezas más pudientes.
Dos impuestos
El nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, tal y como ha decidido denominarlo el Gobierno, afectará a unos 23.000 contribuyentes y recaudará anualmente cerca de 1.500 millones de euros. Estos declarantes, en esencia, serán los ultrarricos que residan en Madrid, Andalucía y Galicia, las únicas tres comunidades que bonificarán total o parcialmente el impuesto sobre el patrimonio en 2023.
Esto es así porque el nuevo tributo tendrá una deducción del 100% en aquellas regiones que mantengan Patrimonio, una fórmula ideada por Hacienda para anular las bonificaciones impulsadas por algunos gobiernos regionales del PP y para evitar la doble imposición.
De esta forma, todos los grandes patrimonios, residan donde residan, tendrán que tributar por su riqueza. La única diferencia es que mientras que la recaudación de Patrimonio va a los gobiernos regionales, la del nuevo impuesto irá al central.
El nuevo tributo, al menos de momento, tiene carácter temporal y funcionará durante 2023 y 2024. El Gobierno, sin embargo, incluirá en el articulado de la normativa una cláusula de revisión para valorar su utilidad y decidir en un futuro si lo prorroga durante más tiempo o lo convierte en permanente.
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