El Parlament ha aprobado este miércoles la nueva ley para frenar los desahucios en Cataluña impulsada por los partidos socios en el Govern (ERC y Junts), además de los comunes, la CUP y entidades sociales entre las que destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La nueva norma, a la que se sumó el PSC en las últimas semanas, recupera medidas anuladas por el Tribunal Constitucional en el 2019, después de que el ejecutivo catalán, entonces liderado por expresident Quim Torra, las sacara adelante mediante un decreto. Según fuentes judiciales, el nuevo documento no tiene suficientes mecanismos para que sea aplicado de manera satisfactoria. La PAH insta a que los magistrados hagan una interpretación del texto que dé garantías a las familias más vulnerables.
La ley ha sido aprobada con 110 votos a favor (ERC, Junts, PSC, comunes y CUP), 11 en contra (Vox) y una abstención. El PP y Ciudadanos no participaron en la votación en protesta porque no les fue aceptada la petición de que el Consejo de Garantías Estatutarias estudiara el encaje de la nueva norma al Estatuto y a la Constitución.
El acuerdo alcanzado el pasado enero tiene entre uno de sus objetivos recuperar medidas como que los grandes tenedores estén obligados a hacer alquileres sociales a familias vulnerables, como fijaba el decreto que suscribió el Govern en 2019. También se recuperan, por ejemplo, los alquileres sociales obligatorios para familias que se hayan quedado en la vivienda después de la extinción de su contrato de alquiler con un gran propietario. Además se imponen alquileres sociales para aquellas unidades familiares que hayan ocupado pisos de bancos o fondos de inversión antes del 1 de junio de 2021, ya sea porque se quedaron sin título habilitante (ocupando) después de una ejecución hipotecaria o bien por una demanda de desahucio. Según la PAH, solo este último punto es “causa de miles de desahucios anuales”.
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