El parlamento catalán ha puesto las bases para investigar el caso de espionaje practicado con los programas informáticos Pegasus y Candiru sobre, supuestamente, medio centenar de personas del entorno independentista. El Parlament ha formalizado una comisión de investigación para “darle a la ciudadanía información y transparencia”, pero existen muchas dudas acerca de la eficacia real que pueda tener la comisión, porque carece de competencias para forzar a los testimonios a declarar.
En el pasado, iniciativas parecidas no pasaron de la gestualidad. Fue el caso de la comisión de investigación impulsada para indagar sobre los atentados del 17 de agosto de 2017. Teresa Cunillera, entonces delegada del Gobierno en Cataluña, se negó a comparecer alegando que el Estatuto, así como la Constitución y el propio reglamento del Parlament, la eximían de acudir al interrogatorio. Aquella vez, tampoco se presentó ante la comisión del 17-A Paz Esteban, por entonces directora del CNI. Hay más precedentes de ausencias sin consecuencias. En la comisión de investigación del Parlament sobre la bautizada como “Operación Cataluña” se citó a mandos policiales como José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, además de a varios periodistas y a extrabajadores de la agencia de detectives Método3. Su plantón quedó impune.
En lo que concierne al caso Pegasus ha sido precisamente Paz Esteban quien, hasta ahora, ha cargado con las culpas del espionaje que afectó, entre otros, al propio president Pere Aragonès. En mayo, la directora del CNI, de 64 años, fue destituida por el Consejo de Ministros. Dos semanas después, Esteban sí atendió la citación de la comisión de secretos oficiales del Congreso. “Somos unos mandados”, alegó ante los diputados, para justificar la legalidad del espionaje telefónico a los independentistas. Aportó más de una docena de resoluciones judiciales, firmadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas, para autorizar esas intromisiones. En varias de esas autorizaciones, sobre todo de las personas espiadas más próximas y del entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado de la justicia, el juez explica sus razones: “Por atentar y poner los bienes más preciados del Estado español, la integridad territorial, la supremacía de la Constitución y el imperio de la ley en juego”.
La comisión de investigación del caso Pegasus en el Parlament la presidirá la diputada de Esquerra Meritxell Serret. Tras su nombramiento, Serret ha manifestado este miércoles que el objetivo es establecer una línea de trabajo “constante y estable” que sirva para hacer “una aportación positiva” a los derechos de los ciudadanos. La diputada republicana figuraba en la lista de políticos que fueron espiados con la herramienta Pegasus.
Esta misma semana, la Fiscalía de Cataluña ha hecho público que reclama un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros para Serret, por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional durante la celebración del referéndum del 1-O de 2017. La exconsejera de Agricultura huyó de la justicia española en 2017 y se afincó en Bélgica. En marzo de 2021, se puso a disposición del Tribunal Supremo.
La lista de comparecientes que serán llamados ante el Parlament aún no está perfilada, pero fuentes de la comisión ponen de relieve la voluntad de citar “a todos los que puedan tener responsabilidades directas o indirectas” en los pinchazos, así como aquellos que tenían “competencias” para haber evitado un espionaje de este tipo en un sistema democrático.
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