45 años después del asesinato de Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, el Parlamento de Andalucía ha aprobado una iniciativa en la que pide al Gobierno central la desclasificación de toda la documentación que permanece bajo secreto. García Caparrós, de 18 años, era trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria y sindicalista de Comisiones Obreras. El 4 de diciembre de 1977, participó en la manifestación celebrada en Málaga por la autonomía andaluza, a la que asistieron unas 200.000 personas, y recibió un disparo de un policía durante las cargas que se produjeron después de que se colgara la bandera andaluza en la fachada de la Diputación malagueña.
La documentación sobre su asesinato y las actas de la comisión del Congreso —declaradas secretas― que investigó los hechos a partir de enero de 1975 no son de acceso público, aunque tanto la secretaria judicial Rosa Burgos como la exdiputada de IU Eva García Sempere tuvieron un acceso parcial en el que los datos de carácter personal aparecen tachados. Burgos escribió dos testimonios fundamentales: La muerte de García Caparrós en la transición política (de Airon Ediciones, en la colección Libros de El Observador). En 2017 publicó Las muertes de García Caparrós, donde revela que la bala que mató al joven malagueño salió del arma del cabo primero M. P. R., fallecido hace unos años, y donde denuncia la dejación institucional con el obrero asesinado.
Ha sido la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, la que ha defendido en el Parlamento andaluz la iniciativa que ha hecho posible que Partido Popular, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía sumen sus votos para “resolver de forma justa” y empezar a “saldar una deuda pendiente” con la familia de García Caparrós. Vox ha votado en contra. Al término de su intervención, Rodríguez ha recibido aplausos de todos, salvo de la bancada del partido de Santiago Abascal. Las tres hermanas del joven sindicalista han asistido al pleno, del que se han ausentado durante la intervención del portavoz de la ultraderecha.
En 40 años del Parlamento andaluz no había sido posible un acuerdo similar. La proposición no de ley aprobada compromete al Gobierno andaluz a que en el censo de víctimas previsto en la ley autonómica de Memoria Democrática se incluya a García Caparrós. No obstante, ese censo no existe y está por ver si el Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno lo va a crear.
El sitio en el que Caparrós recibió la bala letal —falleció desangrado antes de llegar al hospital― será declarado lugar de la memoria por la Junta y todos los documentos relacionados con su muerte formarán parte del patrimonio documental de Andalucía. Estas propuestas, incorporadas como enmiendas, han partido del grupo popular y han sido defendidas por su diputado Bruno García.
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También los socialistas han hecho aportaciones al texto impulsado por Teresa Rodríguez, quien se negó a eliminar su petición principal: “La desclasificación de toda la documentación” del Congreso, “sin anonimizar nombres propios, referente a los sucesos del 4 de diciembre de 1977 en Málaga”. El Gobierno central tiene en cartera la ley de secretos oficiales que establece cuatro categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. El plazo de caducidad de cada categoría variará desde un mínimo de cuatro años para los documentos de menor protección, hasta un máximo de medio siglo para los de alto secreto. Una enmienda socialista garantiza el “acceso a la verificación de los hechos y circunstancias” del crimen del sindicalista de CC OO, como ya contempla la Ley de Memoria Democrática.
El portavoz socialista, Josele Aguilar, ha aprovechado su intervención para reprochar al PP el que haya declarado el 4 de diciembre el Día de la Bandera —a petición del andalucista Alejandro Rojas-Marcos― para “tapar la vergüenza” de la ausencia de la derecha andaluza en el inicio del proceso autonómico andaluz, al tiempo que ha acusado al Gobierno de Moreno de “intentar reescribir la historia”.
Para el PSOE andaluz, las manifestaciones masivas del 4 de diciembre de 1977 para reclamar “libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía”, al que acudieron en las ocho capitales andaluzas y en Barcelona unos dos millones de personas, nunca ocuparon un lugar principal en su acervo autonómico, como sí lo ocupa el referéndum del 28 de febrero de 1980. En 2013, 36 años después de su asesinato, la Junta de Andalucía gobernada entonces por los socialistas, distinguió a Caparrós con el título de hijo predilecto de la comunidad, una petición que formuló IU, entonces coaligado del PSOE en el Gobierno andaluz.
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