En pleno fervor del Mundial de Fútbol, donde la pasión por la selección mexicana une a millones, lo ineludible es que detrás de la celebración se esconden realidades dolorosas que demandan nuestra atención. Mientras nos dejamos llevar por el entusiasmo de las festividades, no podemos olvidar la tragedia de la desaparición forzada que afecta a miles de familias en México.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se contabilizan, hasta la fecha de 1 de julio de 2026, 132,534 personas desaparecidas, de las cuales 89,870 siguen sin ser localizadas. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que alrededor de 70,000 cuerpos no identificados permanecen bajo la custodia del Estado. Estas cifras no son solo números; representan vidas, historias de personas que anhelan regresar a sus hogares y reunirse con sus seres queridos.
A lo largo de los años, muchas familias han asumido la responsabilidad de buscar a sus desaparecidos sin el apoyo adecuado de las autoridades. Padres, madres, hermanos y amigos han tenido que aprender a mapear, trazar rutas y cavar en su afán por encontrar respuestas. Los colectivos de buscadoras han jugado un papel crucial, a menudo enfrentándose a zonas de riesgo y a la falta de eficiencia en las investigaciones oficiales. Desafortunadamente, esta valiente labor ha tenido un costo terrible. Entre 2010 y 2015, se reportaron 22 asesinatos de mujeres buscadoras, muchas de ellas madres que buscaban a sus hijos. Amnistía Internacional documentó que, desde 2011, 35 buscadores han sido asesinados, con Guanajuato destacándose como el estado con más muertes en este trágico contexto.
La presencia de estos colectivos en espacios públicos de la Ciudad de México durante el Mundial no solo merece atención, sino también solidaridad y apoyo. Su dolor y desesperación son gritos de auxilio que deberían ser escuchados, especialmente en un momento donde la atención mediática está centrada en celebraciones y triunfos deportivos. Sin embargo, la respuesta de las instituciones gubernamentales ha sido lamentablemente insensible, incluso sugiriendo que las movilizaciones carecen de un fundamento legítimo.
El contraste entre la reacción gubernamental hacia las familias en busca de sus desaparecidos y el reconocimiento a figuras del espectáculo refuerza la necesidad de priorizar lo que realmente importa. En un momento donde la indignación social debería movilizar a las autoridades, la realidad es que el Estado ha administrado la ausencia en lugar de combatirla. Reconocer la magnitud de esta crisis no es solo un asunto político, sino un imperativo ético, moral y jurídico.
Las voces de aquellos que siguen buscando no deben ser minimizadas ni ignoradas. La memoria de los desaparecidos y la dignidad de quienes luchan por encontrarlos exigen más que palabras vacías; demandan un compromiso real y tangible por parte del Estado y de la sociedad. Es tiempo de actuar, no solo desde las instituciones, sino también como ciudadanos conscientes de la urgencia de esta problemática. El futuro de muchas familias depende de ello.
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