El llamado “Plan B” para modificar algunas leyes secundarias en materia electoral que fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados es una “cirugía” -sin diagnóstico- de “adelgazamiento” presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), no fortalece la democracia y deja intactos a los partidos políticos, opinaron expertos.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que se trata de una reforma para disminuir en lo inmediato el costo de operatividad del INE en 3,500 millones de pesos y, en general, de 5,000 millones de pesos en el primer año de ejecución.
La reforma -que aún deberá ser analizada por el Senado de la República– quita facultades administrativas a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para entregarlas a cinco consejeros designados por el pleno. Crea la Comisión de Administración, integrada por cinco consejeros, en sustitución de la Junta General Ejecutiva, compuesta por los Directores Ejecutivos, Secretaria y Presidencia del INE, responsables del manejo presupuestal, el seguimiento del gasto y el Servicio Profesional Electoral Nacional.
Contempla la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura del INE. A nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario, aunque se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.
Bajo el nuevo Servicio Nacional Electoral, establece órganos electorales permanentes y temporales, con lo que se pretende una reducción de 300 a 264 el número de órganos distritales fuera del proceso electoral bajo criterios de regionalización. Durante el periodo electoral, la estructura de los órganos distritales se reintegrará en su totalidad para cumplir con las funciones del Instituto.
Por otro lado, la minuta impulsada por el Gobierno federal plantea eliminar los fondos y fideicomisos del INE como el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral; y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, cuyos recursos deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
