La reciente propuesta de modificación a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada a finales de abril de 2025, ha suscitado un amplio descontento en el sector de telecomunicaciones en México. Esta propuesta no se debe considerar como un evento aislado, sino más bien como un componente dentro de una serie de reformas impulsadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Estas reformas también abarcan cambios en el ámbito judicial, energético y tecnológico, promoviendo una concentración de poder sin precedentes en la figura del Presidente.
Un aspecto crítico de estas reformas es la tendencia hacia una presidencia con poderes casi absolutos. Desde el Palacio Nacional, se busca el control no solo del Poder Judicial, sino también de áreas clave como la asignación de concesiones, la regulación de competidores y la imposición de multas. Esta concentración de poder tiene implicaciones profundas para la autonomía de las instituciones del Estado, que parecen ahora más como extensiones del Poder Ejecutivo que como entidades independientes encargadas de asegurar la transparencia y la justicia.
Un artículo clave en esta propuesta, el 109, permite al gobierno iniciar el bloqueo temporal de plataformas digitales por incumplimientos normativos. Este tipo de medida ya ha sido observado en otros países, como Brasil, donde la agencia reguladora actúa con independencia. Sin embargo, en el contexto mexicano, la preocupación radica en que tales decisiones podrían llevar a la censura, cambiando la narrativa de una supuesta regulación hacia una potencial violación de libertades.
La justificación del artículo 109 se sostiene a la luz de la regulación del comercio electrónico, pero este argumento deja abierta la posibilidad de interpretaciones futuras que podrían depender de las inclinaciones de administraciones venideras. Las comparaciones con cambios de gobierno en Estados Unidos y Brasil destacan la fragilidad de un sistema que no garantiza la continuidad de un enfoque democrático y justo.
El debilitamiento de las instancias judicativas y legislativas, acompañado de la creación de un enfoque casi monárquico hacia la presidencia, apunta a un regreso a un sistema de monopartidismo. Esta centralización no solo influye en decisiones judiciales, sino que también abarca el control sobre medios de comunicación y servicios públicos, afectando aspectos críticos de la vida democrática.
En el diseño de esta nueva normativa, se perciben también preocupaciones relacionadas con la neutralidad de la red y el manejo del espectro radioeléctrico. La competencia y las decisiones políticas detrás de la conectividad móvil y el acceso a internet se tornan en un área de inquietud, dejando preguntas sobre la disponibilidad y equidad en la distribución de recursos tecnológicos en todo el país.
Es evidente que esta propuesta no solo plantea problemas en el ámbito de telecomunicaciones, sino que al unirse a otras reformas, se convierte en una herramienta potencialmente peligrosa, donde el riesgo de abuso de poder sin mecanismos de control es elevado. Comprometer el acceso a la justicia y la libertad de expresión es una preocupación latente en un contexto donde la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la evolución tecnológica son más relevantes que nunca.
La situación actual del sector sugiere que la propuesta de modificación a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es un paso adelante, sino más bien un obstáculo para un futuro libre y justo en México, donde el respeto a los derechos ciudadanos debe ser prioridad en la agenda política.
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