Planear el desarrollo de una ciudad requiere una visión colectiva y un esfuerzo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía. En este contexto, el “Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México” (#POZMVM) se presenta como una herramienta esencial para definir el futuro de millones de habitantes. Sin embargo, surge una preocupación válida sobre su desarrollo: la falta de transparencia y la escasa participación ciudadana en su elaboración.
Las autoridades estatales y federales han propuesto un modelo que, según diversas organizaciones como Suma Urbana, podría catalogarse como autoritario. A pesar de presentarlo en un lenguaje que sugiere inclusión y respeto a los derechos humanos, este plan podría beneficiar principalmente a desarrolladores y grupos económicos, sin garantizar la voz de quienes realmente habitan y conocen la problemática urbana.
El #POZMVM, presentado ante el portal de SEDATU, se plantea como un documento vinculante para las alcaldías de la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México, Hidalgo y Morelos. Esto significa que sus planes de desarrollo tendrán que alinearse con este programa, que está diseñado sin una consulta amplia y explícita a la sociedad civil. Las consecuencias de esta omisión podrían ser severas, dado que las decisiones sobre el crecimiento urbano pueden afectar gravemente la vida cotidiana de millones.
Los indicadores de crisis ambiental y urbana son alarmantes. La escasez de agua, la contaminación y la degradación del suelo son solo algunas de las problemáticas que el mismo #POZMVM menciona. Sin embargo, en lugar de adoptar un enfoque de planificación sustentable, se apunta a una “densificación” que podría resultar en la edificación de nuevos centros comerciales, hoteles y otras construcciones, priorizando el lucro sobre el bienestar de los residentes.
Entre las medidas propuestas, se destaca un aumento brusco del impuesto predial y la creación de un impuesto sobre terrenos considerados “subutilizados”. Además, se contempla la posibilidad de sancionar a propietarios de terrenos modestos obligándolos a construir en un plazo limitado, con el riesgo de que sus propiedades sean subastadas si no cumplen.
El resultado de estas políticas podría intensificar la gentrificación, especialmente en zonas históricas. Los cambios en nomenclaturas coloniales y la revalorización comercial de áreas podrían resultar en un aumento del costo de vida, afectando tanto a propietarios como a inquilinos. Así, la pregunta sobre quién protegerá realmente a la ciudadanía en este contexto de arbitrariedades se vuelve urgente.
Los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México tienen la oportunidad de informarse y participar en la consulta pública sobre el #POZMVM antes del 22 de noviembre de 2026. Este es un momento crucial para que la población exprese sus preocupaciones y exija un desarrollo urbano que verdaderamente refleje sus necesidades y derechos. La metrópoli enfrenta un riesgo inminente y es esencial que la ciudadanía actúe para salvaguardar su futuro.
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