El jueves pasado, en su último pleno. Varios consejeros del Tribunal de Cuentas preguntaron a su presidenta, María José de la Fuente, por la renovación del órgano fiscalizador. Cuyo mandato de nueve años concluye el 23 de julio. Y la presidenta reconoció que “no sabía nada”, según fuentes del tribunal. De la Fuente envió en abril un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Requiriendo el relevo en tiempo y forma de los 12 consejeros del tribunal, pero no obtuvo respuesta.
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Batet le planteó el dilema a los grupos, sin éxito. El PP se niega a negociar esa renovación ahora. Tras la concesión de los indultos a los líderes separatistas y en vísperas de conocerse la sanción de 5,4 millones euros que el tribunal impondrá a 40 ex altos cargos de la Generalitat.
Los populares rechazan negociar con el Gobierno y el PSOE porque, como pasa en el Consejo General del Poder Judicial. Disponen de mayoría absoluta también en ese órgano (7 de los 12 consejeros fueron propuestos por el PP) y no la quieren perder.
La disputa entre el Gobierno y el PP con motivo de los indultos a nueve dirigentes independentistas catalanes se juega en todos los frentes. Y esta semana le toca el turno al Tribunal de Cuentas, el organismo fiscalizador de las instituciones públicas.
El tribunal debe resolver este martes el expediente abierto por la responsabilidad contable de los cargos del Gobierno catalán entre 2011 y 2017. Al usar de manera indebida fondos públicos para la promoción exterior del proceso independentista. El informe abarca la gestión del organismo público Diplocat y de varias consejerías, y afecta a casi 40 ex altos cargos de la Generalitat. Desde los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell o Raül Romeva, entre otros.
El expediente sancionador de 500 páginas
que se discutirá el martes en el Tribunal de Cuentas. Apunta a que se pudieron emplear más de 5,4 millones de euros en ese cometido de buscar apoyos internacionales para el proyecto independentista. Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá en La Moncloa en una entrevista bilateral al nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Para retomar una relación institucional y política perdida en estos últimos 10 años de deriva del proceso independentista.
El Gobierno central de coalición encara así un momento crítico de la legislatura. Tras una semana difícil por la concesión de los indultos a los líderes separatistas catalanes.
Los indultos fueron aprobados el martes pasado por el Consejo de Ministros. Pese a los informes en contra del propio Tribunal Supremo, que fue el que dictó las sentencias condenatorias, y de la Fiscalía. Pese a esos escollos, el Ejecutivo debatió durante horas su propuesta de una solución más política que jurídica al conflicto catalán. En esa estrategia se cruza ahora la aprobación del expediente sancionador del Tribunal de Cuentas contra los ex altos cargos de la Generalitat.
El miércoles, en el Congreso, los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de Junts, Míriam Nogueras, exigieron al Gobierno “más pasos adelante” y “valentía” en el proceso para destensar la crisis catalana y apuntaron directamente contra las decisiones del Tribunal de Cuentas. Rufián llegó a descalificar al tribunal por su composición, que atribuye a determinadas sagas familiares conservadoras (Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, está entre los consejeros del PP), y demandó una renovación en su sistema de elección.
Fuentes de ERC indicaron más tarde que esos planteamientos ya se los “habían hecho llegar al PSOE” y que ese partido había tomado nota al respecto.
El viernes, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se pronunció sobre esas quejas en una entrevista en la Cadena SER en Cataluña: “Estas causas no dejan de ser piedras en este camino, pero sabíamos que estaban ahí. Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad. Es la única forma”.
Pere Aragonès
El viernes, el presidente catalán, Pere Aragonès, replicó a las tesis del ministro y le conminó a desempedrar los baches de ese camino del reencuentro. “El Tribunal de Cuentas se ha convertido en la nueva inquisición, la inquisición económica. Ante esa situación de injusticia, tenemos que usar los mecanismos que todos tengamos a nuestro alcance para evitar la situación. Cada parte sabe lo que está en su mano para revertir la represión. Alentamos a que lo haga”, dijo Aragonès.
En ese contexto de juego de tensiones se celebró el pasado jueves el último pleno del Tribunal de Cuentas. Varios consejeros interpelaron entonces a la presidenta sobre su situación y sobre la renovación que debería ser inminente de los 12 consejeros nominados por los partidos políticos (seis en el Congreso y seis en el Senado), como prevé la Constitución. De la Fuente tuvo que reconocer que no había obtenido ninguna respuesta de la presidenta del Congreso, a la que escribió el 22 de marzo. Los consejeros optaron entonces por volverse a citar para el siguiente pleno, el jueves 29 de julio, ya con su mandato prorrogado.
El requerimiento del Tribunal
De Cuentas al Congreso sobre su próxima renovación fue abordado por la Mesa de la Cámara el 6 de abril. Batet reenvió esa petición a los diferentes grupos y no recogió ninguna solución.
En ese tiempo ocurrió, además, que el PSOE y el PP rompieron sus negociaciones en marcha desde hacía meses para la renovación también pendiente desde hace más de dos años y medio del Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales. Los únicos contactos que continúan en marcha, y que pese a las múltiples dificultades podrían cerrarse este lunes, son para culminar la nueva estructura directiva de RTVE, pero en este caso las conversaciones que siguen vigentes desde la cúpula del PP son con el nuevo presidente del ente público.
Desde la dirección parlamentaria del PP se confirma que todas esas negociaciones no se han reactivado tras las elecciones madrileñas del 4-M y que, además, se consideran ahora más inviables todavía tras la concesión de los indultos. El PP rechaza, en ese sentido, abrir ahora cualquier puerta a discutir tanto sobre el Poder Judicial como sobre el propio Tribunal de Cuentas. El bloqueo que mantienen en órganos institucionales clave lo argumentan ahora con una frase: “El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado que no es de fiar”.
El reparto político
Fuentes del Tribunal de Cuentas precisan, además, que al PP no le interesa nada entrar a debatir ahora un cambio en la composición de los 12 consejeros de procedencia política de ese organismo porque disfruta desde hace años en el mismo de una amplia y cómoda mayoría absoluta. Los 12 consejeros políticos actuales se decidieron en 2012 con un reparto que favoreció entonces claramente a los populares: siete consejeros los designó el PP y cinco el PSOE.
En el PSOE, entienden, como sucede en el Consejo General del Poder Judicial, que esa distribución está desfasada y que ya no se corresponde con lo ratificado por los españoles en las urnas en las elecciones de noviembre de 2019 y de las que emanó el actual Gobierno de coalición socialista con Unidas Podemos. Fuentes socialistas apuntan así que la composición de los nuevos consejeros del tribunal debería ser justo al revés, es decir, con siete designados desde el Ejecutivo progresista (con aportaciones por primera vez de Podemos y también posiblemente de partidos nacionalistas) y cinco para los conservadores. No será fácil esa transacción.
El líder del PP, Pablo Casado, y varios miembros de su equipo han acusado al Gobierno de Sánchez de ceder ante estas pretensiones independentistas sobre el Tribunal de Cuentas y de promover “ataques a instituciones del Estado”. Los populares exigirán explicaciones al ministro Ábalos de sus palabras en el Congreso.
