Los nueve presidentes socialistas, que dentro de seis meses tendrán que examinarse en las elecciones autonómicas de sus comunidades, junto a alcaldes y concejales de toda España, puestos a elegir hubieran preferido no tocar ahora la asignatura de la supresión del delito de sedición en el Código Penal. Unos, por evitar soliviantar a los ciudadanos que acogen de mal grado cualquier atisbo de alegría para el independentismo catalán sobre sus aspiraciones; otros, por no facilitar resquicios al PP para desviarse de los asuntos de la comunidad. Pero lo tendrán que afrontar y ya están concienciados. El PP no encontrará facilidades por parte de los presidentes socialistas para la rebelión contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La mayoría se alinea con él. Quienes no, el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán, contrarrestarán en lo que puedan el objetivo de los populares de colocar la supresión de los delitos de sedición en un asunto presente y recurrente por encima de los de la comunidad. Los populares son conscientes desde las últimas 72 horas que poco pueden rascar de los gobernantes socialistas. Se dirigirán directamente a sus electores con la esperanza de resquebrajar la imagen y la gestión de los nueve presidentes socialistas.
En la sede nacional del PP y en las regionales, no es precisamente tranquilidad, y mucho menos euforia, lo que reina sobre eventuales victorias seguras en las elecciones del próximo último domingo de mayo. En conversaciones fuera de micrófono y con los datos en la mano, se resalta la fortaleza de los presidentes socialistas, tanto en su valoración personal como por su gestión.
Los problemas están muy presentes, pero también se han hecho visibles los esfuerzos por resolverlos. Estas apreciaciones tomaron cuerpo durante y después de la pandemia y son generalizables a todos los gobernantes autonómicos. Desde el pasado mes de julio se trató de afianzar la especie de que todas las comunidades gobernadas por el PSOE caerían por el influjo de la preeminencia del PP en el plano nacional y tras la sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo. No es esa la percepción que ahora tiene el PP. Las derrotas o la ausencia de mayorías para formar gobierno pueden llevarse al PSOE por delante, pero también lo contrario: la revalidación de sus gobiernos. No hay certezas. Las realidades son muy diferentes, dada la variedad de pactos que deben darse. En algunas comunidades, sin embargo, apuestan por conseguir o rozar las mayorías absolutas. Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, consiguió hace cuatro años esa mayoría, y la hegemonía socialista volvió otra vez a Castilla-La Mancha con Emiliano García-Page. Con pactos gobierna desde 2019 el aragonés Javier Lambán. Por convicción y por conocimiento de sus electores, estos dos últimos han sido los únicos presidentes socialistas que han mostrado su enorme preocupación por la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados con la rebaja a la mitad de las penas, negociada directamente con ERC. No ha sido una alegría para Fernández Vara que quienes vulneraron gravemente la Constitución estén de enhorabuena, pero lo contrarresta con la comparación de la Cataluña de 2017 con el Gobierno del PP, en la que hubo sedición y declaración de independencia, y la de ahora. En este marco se mueven, con sus matices, el resto de presidentes socialistas. Adrián Barbón (Asturias), Francina Armengol (Baleares), Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Concha Andreu (La Rioja), María Chivite (Navarra) y Ángel Víctor Torres (Canarias). Ninguno se librará del hostigamiento del PP. Tampoco si están en la oposición. La masiva protesta en Madrid contra la gestión sanitaria de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, más allá de ser tildada de acción de los comunistas incluso antes de celebrarse, tendrá como réplica en la Cámara regional la acusación de que lo peor que ocurre en España es la subordinación del Gobierno al independentismo catalán.
“¿Hay alguien ahí o el sanchismo se ha comido a todo el PSOE?”. Esta proclama en forma de pregunta de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, será el hilo conductor de la ofensiva de los populares contra los gobernantes socialistas en sus territorios. Los socialistas quieren creer que “si lo explican bien”, el efecto no será como espera el PP, sino que ocurrirá como con los indultos a los condenados del procés, cuyos efectos, aparentemente, no se hicieron sentir en exceso. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ido al grano al dirigirse a los dirigentes territoriales socialistas para que decidan si están con la ley o con quienes la incumplen. No será agradable, reconocen diferentes barones socialistas. Como réplica tienen en su alforja la vigencia del artículo 155 de la Constitución, que permite, como ya se hizo, intervenir una comunidad autónoma, y la del delito de rebelión. Todos añaden a ello su gestión y la fortaleza de la marca PSOE.
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