El PP abre oficialmente un canal de negociación con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, una de las principales anomalías institucionales que arrastra el país, con un mandato caducado desde hace más de tres años. Alberto Núñez Feijóo ha transmitido esta tarde por un mensaje a Pedro Sánchez que Esteban González Pons, vicesecretario Institucional, será su interlocutor para este asunto, así que a partir de ahora populares y Ejecutivo volverán a sentarse para pactar los nuevos integrantes del órgano de gobierno de los jueces, ocho de los cuales la Constitución establece que sean elegidos por mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado. El deshielo está en marcha, pero la relación entre el Gobierno y el PP sigue encallada en uno de los principales temas pendientes, el decreto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, que se vota este jueves. El PP exige a La Moncloa que se abra a negociar su propuesta de plan económico con bajadas de impuestos si quiere su respaldo al decreto, mientras el PSOE cierra esa puerta y tacha sus medidas de “populismo fiscal”.
El PP insiste en que renovar el Poder Judicial no es su prioridad, pero se dispone a negociar después de que Sánchez se lo pidiera a Feijóo en la reunión que ambos mantuvieron el ocho de abril en La Moncloa. Los populares afrontan el proceso, en principio, con disposición al acuerdo y sin líneas rojas, porque no definen como exigencia —como lo hacía Pablo Casado— que se modifique la ley para cambiar el método de elección de los vocales y que estos sean elegidos exclusivamente por los jueces sin intervención del Parlamento. No obstante, para que un acuerdo de este calado salga adelante, aún tienen que mejorar mucho las relaciones: en el equipo de Feijóo hay malestar por el trato que aseguran que están recibiendo del Gobierno en los primeros compases de liderazgo del barón gallego.
Los populares emplazan al Ejecutivo a llamarles para sentarse a negociar antes del jueves su posible apoyo al decreto de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania. Quieren que el Gobierno progresista asuma su plan, que contiene una bajada de impuestos temporal que supone 10.000 millones de euros menos para las arcas públicas y que para los socialistas es inasumible. El PP se queja de que el Gobierno no haya contestado todavía de manera formal al documento de 41 páginas que enviaron a Moncloa con su propuesta económica, y en cambio la respuesta haya sido el “silencio o incluso el desprecio”, ha dicho esta mañana Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los populares, en rueda de prensa tras el comité de dirección del PP. Feijóo ha designado a Bravo, consejero de Hacienda del Gobierno andaluz, como interlocutor con el Gobierno en asuntos económicos, incluido para todo lo relacionado con el decreto de este jueves. Por parte del Ejecutivo, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, negociará el Poder Judicial, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, la materia económica. En el mensaje que el líder gallego ha remitido al presidente del Gobierno esta tarde, Feijóo le recuerda que la cuestión económica es “urgente” dada la proximidad de la votación sobre el decreto, este mismo jueves.
Los mensajes que se han cruzado el PSOE y el PP este lunes no invitan al optimismo sobre las posibilidades de acuerdo en el decreto de la guerra, cuya aprobación se le ha complicado al Gobierno por el escándalo del supuesto espionaje a dirigentes independentistas. El portavoz de la ejecutiva socialista, Felipe Sicilia, ha criticado hoy que Feijóo “quiere parecerse a [Emmanuel] Macron, pero cada día se parece más a [Marine] Le Pen” y ha insistido en que el plan de los populares es “populismo fiscal”. Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha pedido al Gobierno que se siente a negociar y “aprenda de los errores de (José Luis Rodríguez) Zapatero”, “se dejen ayudar en beneficio de los españoles antes de que sea tarde” y “no vuelvan a poner en riesgo a España”.
El Poder Judicial irá por otro carril, y en principio las posiciones de partida están menos alejadas. La que empieza ahora es la cuarta intentona entre Gobierno y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces desde que en 2018 el PSOE y el PP pactaron la renovación del Consejo con una mayoría progresista de vocales y presidido por Manuel Marchena, un juez de tendencia conservadora. Aquel acuerdo, forjado en la etapa de Pablo Casado, saltó por los aires por la renuncia de Marchena una vez pactado. El detonante fue la filtración del mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”. Desde entonces, los intentos se han sucedido sin que fuera posible un acuerdo en todo el mandato de Casado al frente del PP. Ahora, Feijóo, que sostiene que su intención es recuperar la normalidad institucional, abre los primeros contactos.
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